El PSOE afirma que es un «varapalo» al Ejecutivo y pide explicaciones
La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que anula doce preceptos del reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería 8/2000 es «todo un varpalao al Gobierno» y pide a Mariano Rajoy, ministro del Interior cuando se aprobó esta norma, que dé las explicaciones oportunas. «Esta resolución judicial viene a poner de relieve en toda su entidad la incompetencia que ha presidido las actuaciones del Gobierno en materia de extranjería. Con este auténtico varapalo judicial se advierten los costes a los que nos ha abocado la falta de seriedad y rigor con que fueron elaboradas las normas de extranjería por un Gobierno obsesionado en la política de escaparate». En su opinión, este decisión judicial puede tener consecuencias inmediatas y directas en la propia gestión migratoria. En este sentido, subraya la especialmente trascendencia de las decisiones referidas a la regulación del internamiento y a la admisión de solicitudes de permiso de residencia y trabajo rechazadas indebidamente». Además de criticar la gestión del Gobierno, Rumi aseguró que la sentencia revela que tampoco es capaz de articular un marco legal adecuado a las necesidades que plantea la inmigración. Rumí también adelantó que el PSOE va a tomar la iniciativa, presentando propuestas para suplir el vacío al que nos ha conducido la pésima política gubernamental». Críticas de Andalucía Acoge Por su parte, el presidente de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, criticó ayer al Gobierno por considerar que «una vez más» se ha colocado «al margen de la legalidad», al conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha considerado ilegal doce artículos del Reglamento de la Ley de Extranjería. Rodríguez dijo que el Gobierno ya sabía por el Informe del Consejo de Estado «en algunos de sus preceptos» y por el informe del Foro para la Integración Social del Inmigrante que «el Reglamento que han hecho era ilegal». Andalucía Acoge entendía que 18 de sus preceptos eran anticonstitucionales, aunque finalmente el Supremo ha declarado ilegal «sólo» doce. El presidente de Andalucía Acoge espera que sea el inicio de «una serie de varapalos jurídicos al Gobierno» por la elaboración de reglamentos ilegales.