El Gobierno exige al Ejecutivo vasco que colabore
El Gobierno ha exigido al Ejecutivo del lehendakari Juan José Ibarretxe que no emplee «subterfugios» ni recurra a «maniobras dilatorias» ni extienda «mantos protectores» para que Batasuna mantenga su actividad con normalidad e ignore la sentencia del Supremo. Mariano Rajoy sostuvo que el Gobierno vasco debe cooperar en la aplicación del fallo que ilegaliza a la formación radical, una decisión que, a su juicio, es extensiva al grupo parlamentario en la Cámara de Vitoria y a su representación en todas las instancias públicas del País Vasco. José María Michavila explicó que una primera consecuencia es que el grupo Sozialista Abertzaleak, nombre adoptado por Batasuna en agosto, debe ser disuelto y aunque sus componentes retendrán el escaño estarán integrados en el Grupo Mixto. A su lado, el vicepresidente primero hizo un llamamiento «especial» a los gobernantes vascos para que no vuelvan a actuar como hicieron cuando el juez Baltasar Garzón decretó en agosto pasado la suspensión de actividades de Batasuna. En aquella oportunidad, el Gobierno de Vitoria, además de recurrir la sentencia, hizo todo lo posible, según el Ejecutivo central, para que la medida no fuera efectiva. En este sentido, Rajoy consideró que la decisión de la televisión autónoma, Euskal Telebista, de ceder los espacios electorales gratuitos a la formación que sustituya a Batasuna es un indicio «preocupante» de los planes que maneja el Gobierno de Ibarretxe. El PSOE, satisfecho El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Jesús Caldera, también mostró ayer su «satisfacción» ante el hecho de que la sentencia de ilegalización de Batasuna hecha pública hoy por el Tribunal Supremo dé «la razón» a la decisión que adoptó el Parlamento para que dicha organización fuera declarada ilegal. Caldera, que recordó que él intervino en aquella «histórica» sesión parlamentaria, dijo en conferencia de prensa que no puede más que sentirse «plenamente satisfecho» por el incremento de las garantías de la Ley de Partidos, ya que «ahora tiene el aval concreto del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial». Recordó que esta ley tiene como objetivo la defensa de la democracia, ya que «no condena ideas, sólo actitudes», al tiempo que «impide que pueda haber movimientos organizados para favorecer el terrorismo o incluso para promover políticas que supongan la exclusión o limitación de derechos de los ciudadanos en función de su raza, sexo, nacionalidad u origen», como ocurre ahora en el País Vasco.