El tribunal subraya que las indemnizaciones son justas por la «gravedad» de los hechos

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León responde a las reclamaciones que las familias de las víctimas mortales del incendio interpusieron en su momento por la vía administrativa. Fueron desestimadas, por lo que continuaron el procedimiento por la vía del contencioso administrativo. La resolución de los magistrados Jesús Bartolomé Reino Martínez, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y Santos Honorio de Castro estima los recursos y anula el acto administrativo impugnado, declarando la responsabilidad de la Administración autonómica en este caso. Cada una de las tres muertes ha sido valorada en 120.000 euros (unos 20 millones de pesetas), al igual que las secuelas y lesiones de Benigno González Llamazares, el único superviviente. Fuentes consultadas aseguraron que la cuantía de las indemnizaciones es suficientemente alta como para que no quepa la posibilidad de recurso. Sin embargo, la Administración sostiene la postura que ha mantenido durante los últimos años y hará todo lo posible para que el procedimiento judicial siga abierto hasta que se determine que no fue posible prever lo que iba a ocurrir. La sentencia subraya que «la gravedad» y «la trascendencia» de los hechos es proporcional a la cuantía de las indemnizaciones, que nunca fueron recurridas por la Junta.