El PP rectifica y respalda el silencio de los constructores Vázquez y Bravo ante la comisión de investigación
Los constructores y militantes del PP Francisco Bravo y Francisco Vázquez, acusados por el PSOE e IU de formar parte de la trama inmobiliaria que explicaría la espantada de Tamayo y Sáez de la Asamblea de Madrid, se negaron ayer a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, como ya habían anticipado por escrito. Antonio Beteta, portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la crisis madrileña se convirtió en el gran protagonista de la jornada. En su primera intervención, amenazó al primero de los comparecientes con abrirle un expediente disciplinario si no contestaba las preguntas, ya que «es incompatible ser afiliado al PP y no informar a una comisión de investigación». Bravo sí utilizó el turno destinado a explicar su posición para reiterar que se amparaba en el artículo 24 de la Constitución y en que la querella presentada contra él ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no había sido sobreseída para no declarar. El empresario se limitó a decir que su relación con Tamayo es meramente «profesional», que le hizo «reservas en un hotel» y que las sospechas sobre su relación con la traición de Tamayo y Sáez eran «absolutamente infundadas». Posteriormente, escuchó las preguntas de los portavoces sin responder ni una sola de ellas. De forma sorprendente y en-tre las sonoras carcajadas de los diputados del PSOE e IU, Beteta cambió radicalmente su discurso. Agradeció la «concreción» de Bravo, porque «ha aclarado perfectamente todos los extremos pertinentes», calificó de «correcta y ética» su conducta y aseguró que hacía bien en no contestar para «no contribuir en la farsa de la izquierda para ocultar sus problemas internos». El socialista Modesto Nolla aseguró que tenía constancia de que desde la sede del Partido Popular en la calle Génova se había obligado a rectificar a Beteta y denunció la «clara connivencia» del PP con el silencio de Bravo y Vázquez. Este último, socio y tío de Bravo, sólo habló para declararse inocente. En el curso del interrogatorio acusó a Luis Suárez, portavoz de IU, de haber revelado datos que afectaban a su seguridad y le preguntó si iba a dárselos al Gobierno vasco. Mientras tanto, Rodríguez Zapatero se declaró ayer dispuesto a asumir «los costes que pueda representar para el PSOE» la comisión de investigación sobre la crisis de Madrid para dar mayor transparencia al sistema político y mejorar los mecanismos de control.