El «plan Ibarretxe» busca la segregación del País Vasco tras un pacto con España

La propuesta del presidente del Gobierno de Vitoria para la libre asociación del País Vasco a España aspira a que la segregación del País Vasco, si es que así lo deciden los vascos en referéndum, se logre mediante un pacto con España. El plan, que se debatirá mañana en el Parlamento autónomo, da por descontado que las negociaciones entre ambas administraciones se saldará con un acuerdo, algo que, sin embargo, no se vislumbra por ninguna esquina por la oposición de PP y PSOE. Las posiciones son contrapuestas: el nacionalismo vasco sostiene que la iniciativa del lendakari es una oferta política para la convivencia entre vascos y españoles; el Ejecutivo de José María Aznar, en sintonía con el PSOE, niega tal objetivo y sostiene que es un proyecto anticonstitucional para la secesión de Euskadi. Ibarretxe concretará su propuesta en el debate de política general que se celebrará mañana en la Cámara vasca, aunque no la someterá a votación porque, en contra de lo que prometió el 27 de septiembre del año pasado, cuando lanzó su iniciativa, no presentará un proyecto articulado. Los debates y votaciones sobre un texto concreto quedan para la etapa que se abrirá el 25 de octubre, cuando el Gobierno vasco apruebe el proyecto de ley. Los redactores de la propuesta, a tenor de lo que se conoce hasta el momento, juegan con la idea de que el Gobierno central no podrá oponerse a la decisión que adopte la sociedad vasca cuando sea convocada para una consulta popular. A partir de este planteamiento, el «plan Ibarretxe» establece un procedimiento de dos vías que confluyen en una misma salida: el acuerdo entre Madrid y Vitoria. A falta de los nuevos detalles que proporcione el jefe del Ejecutivo autónomo, la idea de Ibarretxe es que la reforma del Estatuto de Gernika pueda ponerse en marcha a propuesta de, al menos, una quinta parte del Parlamento vasco, del Gobierno de Vitoria o de las Cortes Generales de España. El proyecto tendrá que ser refrendado por mayoría absoluta en la Cámara vasca y a continuación se abriría una negociación con el Gobierno central para que en cinco meses se formalice un nuevo pacto entre España y Euskadi. El acuerdo tendrá que recibir el beneplácito de Congreso y Senado y ser refrendado, después, por la sociedad vasca en referéndum. Si no hubiera acuerdo entre los Ejecutivos central y autonómico, el Gobierno de Vitoria convocaría, por su cuenta, una consulta popular sobre la iniciativa del Parlamento vasco. Si es aprobada, se abriría un nuevo proceso de cinco meses de negociación con Madrid para «incorporar la decisión democrática de la sociedad vasca en el ordenamiento jurídico vigente». Pero, ¿qué es lo que está en discusión?, ¿qué es el «plan Ibarretxe»? El secretismo con que se mueve el presidente del Gobierno vasco dificulta conocer los detalles de su proyecto, pero algunas concreciones se saben porque las anticipó el propio lendakari hace un año y porque un borrador se filtró. El plan, en sentido estricto, no aboga por la independencia del País Vasco, pero establece el procedimiento para materializar la segregación de España de la comunidad y otorga a Euskadi competencias muy próximas a las de un Estado soberano. La propuesta se presenta como una reforma del Estatuto aprobado en 1979, pero, según diferentes juristas partidarios y contrarios de la idea, es más bien el embrión de un texto constitucional. Consta de un preámbulo, siete títulos con 69 artículos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria que invalida el Estatuto vigente. En la introducción se establece que el pueblo vasco tiene «derecho a preservar su identidad», una identidad «compatible con la pertenencia a otras realidades nacionales» como, por ejemplo, España. Aunque la comunidad libre asociada se limita a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, subraya que el pueblo vasco esta formado por los ciudadanos de estos tres territorios más los de Navarra y los franceses de Lapurdi, Zuberoa y Behenafarroa. Los vascos, prosigue, pueden ejercer el derecho de autodeterminación para definir «el marco de las relaciones» con otros países. Tomada la decisión mediante consulta popular, se iniciará la negociación para alcanzar «un pacto político de convivencia con el Estado español». Sentadas estas bases, el título primero de la propuesta fija los límites del autogobierno, entre ellos la capacidad de celebrar un referéndum y si el resultado es favorable a la segregación, la separación estará «garantizada» a través de «la negociación» con España. La ciudadanía será la vasca, pero «compatible» con la española y ambas, oficiales. La lengua oficial será el euskera, rango que también tendrá el castellano. La capital no será Vitoria de forma automática, sino que se establecerá mediante otra ley que aprobará la Cámara autónoma. El segundo título alude a los poderes y el avance cualitativo más importante se produce en la rama judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será «la última instancia procesal» sin posibilidad de apelación al Tribunal Supremo español. Euskadi tendrá un Consejo General del Poder Judicial propio formado por un presidente y hasta 20 vocales, y tendrá todas las facultades para la administración de justicia.