Los diputados del PPque faltaron al Congreso pueden ser multados con300 euros
El PP buscó el viernes una fórmula para paliar en lo posible el escándalo político vivido el jueves por la tarde en el Congreso, cuando el pleno rechazo importantes reformas legales propuestas por el Gobierno por la ausencia de la Cámara de 22 de sus diputados. La solución improvisada es introducir las enmiendas legales en una ley que ya se tramita en el Senado. El mismo viernes, el Grupo Parlamentario Popular pidió de manera formal a todos los diputados ausentes que le justifiquen la razón de su inasistencia, pues en caso contrario, si los 'novillos' no tienen una explicación suficiente, puede imponerles una multa individual de hasta 300 euros. Fuentes parlamentarias del Grupo Popular indicaron que se le ha pedido a los 22 diputados que no acudieron al pleno que justifiquen el porqué de su inasistencia. La dirección del grupo parlamentario decidirá si alguno de sus miembros puede ser sancionado, según lo previsto en sus estatutos, en una reunión que se celebrará la próxima semana. No obstante, las mismas fuentes adelantaron que algunas de las ausencias, como las de José María Aznar, las de cuatro ministros que son diputados o la de Mariano Rajoy, entre otras, pueden ser consideradas como justificadas. El partido ha decidido introducir todas las enmiendas rechazadas el jueves en el Congreso como disposición adicional de otra ley que en la actualidad se discute en el Senado, con la intención de que las medidas puedan entrar en vigor el próximo mes de noviembre. La ley que acogerá los cambios legales rechazados es la de Cooperación con el Tribunal Penal Internacional, que modifica determinados aspectos de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El Gobierno, con esta improvisación, pretende que las reformas legales se aprueben antes del fin de la legislatura, lo que sería imposible si se siguen los cauces legislativos ordinarios. Cambios importantes Una de las enmiendas que quiere sacar adelante el PP es la extensión al menudeo de droga, a los destrozos públicos y a los atentados contra la propiedad intelectual (el pirateo) los delitos que son susceptibles de resolverse por el procedimiento de los juicios rápidos penales.