Los dos países concretan un plan de trabajo que desarrollarán en los próximos meses
España y Francia fijan un plan de trabajo conjunto para luchar contra ETA
Proponen que la UE comparta la carga del control de las fronteras ante la inmigración
Los ministros de Interior de España, Angel Acebes, y Francia, Nicolas Sarkozy, fijaron ayer un nuevo programa de lucha conjunta contra ETA para los próximos meses y coincidieron en que la Unión Europea debe hacer que se comparta la carga por el control de las fronteras exteriores ante la inmigración ilegal. Acebes y Sarkozy, que celebraron un encuentro bilateral en La Baule (oeste de Francia) antes de que se les sumaran sus homólogos de Alemania, Reino Unido e Italia, anunciaron que se han establecido «nuevos objetivos» y «un plan y un planteamiento de trabajo para los próximos meses en la lucha contra el terrorismo de la banda ETA en España y en Francia». El titular español precisó que ese programa, después del que se puso en marcha hace ahora un año y que «ha dado resultados muy positivos», pretende atacar tanto «el aparato logístico» de financiación de la banda en España y Francia como «los comandos operativos». Sin entrar en detalles por razones de confidencialidad, se limitó a comentar que se contemplan «soluciones concretas para problemas concretos» y que se ha hecho de manera «concreta» y «pormenorizada». Acebes agradeció a Sarkozy la «extraordinaria» colaboración en materia antiterrorista de Francia y aseguró que «vamos a continuar en la misma dirección, hombro con hombro, luchando contra el terrorismo de ETA en España y en Francia con toda determinación, con toda firmeza, desde la ley y desde el Estado de Derecho». Sobre la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal, Sarkozy indicó que «tiene que haber una 'mutualización de los medios» en la Unión Europea (UE) porque «el país que está en la frontera trabaja para el país que está en el interior. Esa es la solidaridad europea. Por eso, queremos la armonización y la mutualización». En la misma línea, Acebes subrayó que «los costes de la gestión» de las fronteras exteriores de la Unión Europea «tendrían que ser compartidos».