El Gobierno cree que el PNV mantiene contactos con ETA sobre la soberanía

El Gobierno no alberga «ninguna duda» de que el PNV mantiene contactos con ETA, comparte sus objetivos e incluso pactó con la banda un calendario para la «ruptura» con España, que la formación que preside Xabier Arzalluz pretende orquestar a través del denominado Plan Ibarretxe. Así lo expresó ayer el ministro del Interior, Ángel Acebes, quien apuntó como indicio que el nacionalismo gobernante «protege» y «mantiene» en el Parlamento vasco a SA. El responsable máximo de la lucha antiterrorista recalcó ayer en una rueda de prensa que «hay contactos entre el PNV y ETA». De acuerdo con la explicación de Acebes, el partido nacionalista y los terroristas «hablan y acuerdan» los plazos para la quiebra soberanista que propone el lendakari. «No hay más que ver la concertación en cuanto a los objetivos e incluso el calendario que ETA le había pedido al propio PNV y al Gobierno vasco para la ruptura y la secesión», detalló el ministro. El titular de Interior sugirió que el plan 'peneuvista' es un nuevo balón de oxígeno para la banda, que se encuentra asfixiada por la eficacia de unas fuerzas de Seguridad, que no han dejado de golpearla en los últimos meses. En ese sentido, le echó en cara al Ejecutivo autonómico la «protección» que proporcionan en la Cámara vasca al grupo político Socialistas Abertzales, formación sustituta de Batasuna y que el Tribunal Supremo ya ordenó en reiteradas ocasiones disolver. El Gobierno central considera que Ibarretxe pretende «lavarse la cara» ante la sociedad al asegurar que su propuesta «puede conducir a la paz». Según Ángel Acebes, este extremo es «absolutamente falso». «Un plan que comparte objetivos y calendario con la organización terrorista ETA es claramente un plan perjudicial para la lucha contra el terrorismo», se quejó el ministro, «y mucho más en estos momentos en los que las fuerzas de Seguridad y la cooperación internacional están golpeando de manera tan fuerte a la organización terrorista». El secretario general del PP, Mariano Rajoy, aseveró que la actitud del Ejecutivo respecto al Plan Ibarretxe no es algo voluntario, ni tan siquiera un derecho, sino una obligación moral y política. «En los últimos meses -dijo- se han producido un sinfín de desafíos al cumplimiento de la ley, de la lógica, el sentido común, la lealtad institucional y las relaciones normales entre gobiernos, a los que el Gobierno seguirá dando respuesta». Una respuesta que, a juicio de Mariano Rajoy, ni puede ni debe eludir.