El fiscal rechaza que la Audiencia Nacional aclare el siniestro del Yak

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá en los próximos días a la juez Teresa Palacios que no admita a trámite la denuncia presentada por las familias de 42 de los 62 militares españoles muertos en una accidente de avión en Turquía, el pasado 26 de mayo, cuando regresaban de participar en una misión de paz en Afganistán. La Asociación de Víctimas del Yakovlev-42, que representa a los familiares denunciantes, quiere que la juez investigue y aclare los hechos que rodearon el accidente y que determine si el Ministerio de Defensa debe asumir responsabilidades penales por lo sucedido. La asociación también iniciará acciones para reclamar al Estado las indemnizaciones económicas correspondientes a los contratos suscritos con la compañía aérea y las aseguradoras. Los denunciantes no descartan presentar en el futuro las correspondientes querellas si la juez, en caso de admitir a trámite la denuncia, aprecia indicios de actuaciones delictivas atribuibles a alguien. Sin competencia El fiscal jefe de Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, adelantó ayer que en el informe que su departamento presentará a Palacios en los próximos días se defenderá la inadmisión de la denuncia, por considerar que el tribunal no es competente para realizar esta investigación. En su opinión, se trata de hechos ocurridos en el extranjero, en los que los presuntos implicados -tripulación del avión y controladores aéreos- también son extranjeros, y en los que, además, el Ministerio Público no observa elemento alguno que pueda dar lugar a una responsabilidad penal. Es una opinión muy diferente a la de los denunciantes, que emprendieron la acción judicial porque consideran que todavía quedan muchas cuestiones por aclarar en torno este accidente. El presidente de la asociación de familiares, Carlos Ripollés considera insuficiente la información facilitada por el ministro de Defensa sobre el modo en que los aviones fueron contratados, el estado psicofísico de la tripulación, y se pregunta por qué se ocultan las conversaciones mantenidas entre los pilotos y la torre de control y por qué no funcionaron las cajas negras del aparato. También desconfía del modo en que se realizaron las identificaciones de los cadáveres, quiere conocer el paradero de sus pertenencias y saber por qué el avión transportaba también armamento, como granadas de mano. Negativas Ripollés y el abogado de la asociación, Eudaldo Vendrell, explicaron que han acudido a los tribunales después de las reiteradas negativas de Defensa para investigar de forma conjunta los hechos y para adelantar a las familias las indemnizaciones. Según su relato, el ministro de Defensa Federico Trillo no ha querido aún reunirse con los familiares de los fallecidos. Por su parte, Curra Ripollés, hermana del comandante José Manuel Ripollés, uno de los 62 militares fallecidos, espera que la «Justicia no falle» a las familias de las víctimas o entenderá que está «politizada». Curra Ripollés dijo ayer que su primera reacción, como familiar de uno de los fallecidos, era de «desconcierto» y añadió que cree que los abogados de la asociación, a la que pertenece, sabían «perfectamente» lo que hacían cuando decidieron presentar la denuncia en la Audiencia Nacional.