El Constitucional sigue deliberando sobre la admisión de la impugnación del Gobierno
Los doce magistrados del Tribunal Constitucional seguirán el miércoles con la deliberación para decidir si admiten o no a trámite la impugnación del Gobierno contra el Plan Ibarretxe. Los juristas, reunidos durante todo el martes en sesión plenaria, comenzaron a discutir la propuesta realizada por el ponente del caso, Guillermo Jiménez, sin llegar ayer a conclusión alguna sobre si los dos actos recusados por el Ejecutivo, uno o ninguno deber ser tomados en consideración por el tribunal. La admisión a trámite de una o de las dos impugnaciones, si es que se produce, supondrá la paralización inmediata de la tramitación en el Parlamento vasco de la reforma del Estatuto de Gernika durante un mínimo de cinco meses, plazo que podría prorrogarse si la sentencia del tribunal se retrasa. Los magistrados, que desde hace más de una semana disponen de una copia de la impugnación y de otra de los actos impugnados -la aprobación del plan por el Gobierno vasco y la decisión de tramitarlo del Parlamento autonómico-, conocieron ayer el informe que sobre la idoneidad o no de la admisión ha preparado el magistrado ponente. Fuentes oficiales declinaron hablar sobre el contenido de la propuesta de Jiménez y sobre el inicio de las deliberaciones, aunque otras fuentes jurídicas apuntaban a que en el informe de la ponencia se dan argumentos favorables a admitir al menos una de las impugnaciones. Antes de Navidad El pleno no abandona la discusión sobre el tema hasta que obtiene un fallo por mayoría. El debate sobre si las impugnaciones deben ser admitidas o no a trámite, que se aborda argumento jurídico por argumento jurídico, puede continuar en las sesiones del miércoles y jueves próximos, e incluso pasar a las reuniones de semana próxima o de la siguiente. La última sesión de pleno de este año está programada para el 18 de diciembre. Fuentes jurídicas indicaron que es poco probable que la decisión sobre la admisión o no de la impugnación se conozca esta semana. Las fuentes jurídicas citadas indicaron que, aunque por el momento ningún magistrado tiene todavía cerrada una opinión final sobre el tema, la impugnación que más posibilidades tiene de ser aceptada es la que duda de la legalidad del acto de toma en consideración y tramitación de la iniciativa del Gobierno vasco por parte de la cámara autonómica.