Que se devuelva todo el dinero

Si la Unidad Administrativa de Fondos Europeos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende a las recomendaciones de los interventores de Hacienda que han inspeccionado la contabilidad de Armi, los ayuntamientos mineros de León y Palencia podrían encontrarse en una situación financiera muy delicada. En su apartado de conclusiones, el trabajo de la Intervención Territorial de Hacienda propone, tras desestimar las alegaciones presentadas por Armi, «la devolución total de las subvenciones percibidas». Esta es una cantidad del orden de 1,6 millones de euros, puesto que al margen de las del Fondo Social Europeo (1,2 millones), la asociación recibió como subvención para cofinanciar sus proyectos otros 400.000 euros más de la Junta de Castilla y León. Las principales conclusiones en las que se fundamenta la drástica determinación de Hacienda para exigir el reintegro de las ayudas son las que aparecen a continuación, casi textualmente: 1 Armi no es una administración pública. No se han cumplido las condiciones establecidas en la normativa comunitaria y nacional para la concesión de la subvención. Armi no es una entidad de Derecho Público y tanto en la convocatoria de ayudas Adapt como Youthstart «se exige que el titular de la solicitud de ayuda sea exclusivamente una entidad de Derecho Público» 2 Objetivos incumplidos. Respecto a la iniciativa comunitaria Youthstart se observa que el 43% del colectivo al que se dirigieron las acciones no cumple el requisito de la edad al superar los veinte años. «En consecuencia, a juicio de este equipo de control, el 43% de la subvención debe excluirse de financiación comunitaria si es que no se llegase a producir la devolución total de las subvenciones». 3 Descontrol financiero. Gastos superfluos y contrataciones poco objetivas. «Ni el proceso de realización de los gastos ni los documentos acreditativos del mismo han sido sometidos a ningún régimen de control previo», denuncian los técnicos de Hacienda. Y puntualizan: -En general no queda acreditado que los gastos declarados tengan relación con los programas operativos. -No se acredita que se trate de gastos necesarios para la realización de los programas operativos, existiendo casos en los que claramente se trata de gastos superfluos. -En general no se acredita que la cuantía del gasto sea resultado de una propuesta razonablemente justificada. -En los pocos casos en que existen compromisos de gasto no se acredita que tales compromisos se hayan adquirido siguiendo normas objetivas de contratación. 4 Facturas y dietas inaceptables con cargo a las subvenciones concedidas. Donde la intervención de Hacienda en más inflexible, en todo caso, es en el punto en el que se analizan los justificantes y facturas relacionadas con las dietas pasadas por los máximos responsables de Armi, que superan los 100.000 euros en dos años con cargo a las subvenciones; y con la contratación de proyectos y estudios muy abultados económicamente a una consultora privada, GPI, que también trabaja para la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo. «Por lo que su contratación», significan, «además de no ser objetiva, incurre en evidente causa de incompatibilidad». 5 Pocos justificantes, y dudosos. Ni el proceso de realización de los pagos ni la justificación de los mismo han sido sometidos a ningún régimen de control previo. Por otro lado -sostienen los interventores- ni existe ningún mecanismo que contablemente ligue los documentos de gasto con los documentos acreditativos de la realización del pago, ni documentalmente se ha unido a los documentos de gasto, con carácter general, el justificante de haber sido efectivamente abonado su importe al acreedor correspondiente. 6 Incumplimiento del compromiso de cofinanciación. Otra de las cuestiones que invocan los interventores de Hacienda para proponer la devolución de las euroayudas por parte de la Asociación Regional de Municipios Mineros es que Armi asumió los compromisos de cofinanciar los programas con algo más de medio millón de euros. (40 millones de pesetas para la iniciativa Adapt y 47 para Youthstart). Pero Armi «ante su incapacidad para hacer frente a la cofinanciación solicitó socorro de la Junta de Castilla y León», que le aportó las cantidades necesarias. «En todo caso, se ha incumplido el proyecto inicialmente aprobado, ya que Armi se comprometió a cofinanciarlo y en realidad no ha cofinanciado nada», denuncian. 7 Sin contabilidad separada, y a «posteriori». Otra circunstancia grave en el informe de irregularidades en la gestión de los fondos constata lo siguiente: «No se ha confeccionado contabilidad separada para estas iniciativas comunitarias ni se ha asignado de alguna forma claves para discernir los gastos de cada proyecto. Durante el desarrollo de los programas no se ha llevado contabilidad. La contabilidad que a requerimiento del equipo de control se ha presentado se ha confeccionado a posteriori. Por ello -recapitulan una vez más- , al haberse incumplido la obligación de llevar contabilidad durante la ejecución de los proyectos y de que la misma refleje con total separación los gastos e ingresos de cada proyecto se impone la devolución total de las subvenciones percibidas».