El Ayuntamiento reducirá su plantilla en 500 empleos para cuadrar balances

El Ayuntamiento de León pretende reducir en casi 500 empleos su plantilla a medio plazo, en un periodo de tiempo que no debería pasar más allá del año 2010, rebajando el número de empleados a menos de 1.500, frente a los 1.927 que había en nómina el pasado mes de mayo y los 1.725 que quedan ahora, tras la última rescisión de contratos. Según el concejal delegado de Régimen Interior, Vicente Canuria, los costes laborales a que debe hacer frente el Ayuntamiento suponen actualmente casi la mitad del presupuesto anual, entre nóminas propias y pagos corrientes por servicios privatizados, como el de limpieza, la ORA, atención domiciliaria a la tercera edad, etcétera, dejando un margen mínimo para inversiones, que sólo son posibles con la subasta periódica de terrenos de titularidad pública en nuevos polígonos urbanísticos (la deuda municipal se come, incluso, gran parte de estos ingresos). Según Canuria, entre nóminas de funcionarios y contratados laborales y el coste de contratas de limpiezas y otros servicios suman más de 70 millones de euros, el equivalente anual a 12.000 millones de pesetas, a un coste medio de 25.000 euros por empleado y año, contando las cotizaciones a la Seguridad Social. Descontando niños y ancianos la proporción media de funcionarios municipales en León es una de las más altas de España, pudiendo estimarse en uno de cada veinticinco ciudadanos, a los que habría que añadir los que dependen, a su vez, de la Junta y de otras administraciones públicas. Este claro desequilibrio resulta difícil de financiar y explica los problemas de caja y liquidez municipales, imposibles de corregir a corto plazo: «se trata de rebajar su incidencia en los presupuestos municipales para que caiga del 45% o 50% al 35%, o sea a una tercera parte del gasto total, de forma que quede un margen razonable para inversiones y mejoras en infraestructuras de la ciudad» A medio plazo Según Canuria, es tan imposible como impolítico e impopular reducir de forma drástica la nómina del Ayuntamiento, aunque sí hacerlo a medio y largo plazo, en un horizonte de media docena de años, a base de amortizar plazas de funcionarios, no renovar contratos laborales salvo en los casos más necesarios y reconvertir y redistribuir los puestos restantes para ajustarlos a las necesidades reales de cada servicio. De cada tres empleados municipales sólo uno es funcionario mientras que los otros dos tienen el estatus de contratados laborales, fijos o temporales, con muy escasos filtros para acceder al puesto. Ningún partido político ni sindicato se atreve a abordar directamente el problema, entre otras cosas porque todos ellos tienen su correspondiente cuota de responsabilidad -proporcional a la de poder- en el actual estado de cosas, siendo raros, si no anecdóticos, los casos de empleados municipales que no hayan concurrido al puesto sin algún tipo de recomendación política o sindical. Se trata de una herencia de muchas décadas atrás, que, según Canuria, ha traído «niveles de interinidad insospechados en la administración pública».