El PSOE ve irregularidades en el mayor plan de autopistas de los últimos años

El PSOE denunció ayer la existencia de irregularidades en la mayor adjudicación de autopistas de peaje que se realiza en España dentro de un solo paquete, valorado en 1.914 millones de euros. Según el primer partido de la oposición, el Ministerio de Fomento ha «acelerado» los plazos de este concurso, que comenzó a tramitar pocas fechas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Concesión de Obras Públicas, para promover la entrada de fondos privados en el proyecto en vez de optar por financiarlo con cargo a los presupuestos generales del Estado, situación que obliga a que las nuevas vías sean todas de pago en vez de gratuitas a fin de que las empresas constructoras contratadas -ACS, FCC, Ferrovial y Corsán-Corvián- puedan recuperar su inversión. El «lavado de manos» A juicio del portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Socialista, José Segura, la intención del titular de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos -quien el miércoles anunció su retirada de la política tras las elecciones generales de 14 de marzo-, ha sido «eludir» la limitación temporal que la nueva normativa prevé respecto a las prórrogas de tiempo en la explotación de las infraestructuras construidas por la empresa privada. Según él, el ministro era consciente de que con arreglo a la ley ahora vigente las constructoras no hubiesen financiado su proyecto en las mismas condiciones, con lo cual hubiera tenido que recurrir a las arcas públicas y de esta forma incrementar de forma notable el gasto de su departamento. No obstante, en los pliegos de los concursos de las cinco nuevas autopistas que se pretenden construir -dos en la zona centro, otras tantas en el Levante y una en la cornisa cantábrica- se especifica que cada adjudicataria habrá de realizar tramos de autovía gratuitos, al tiempo que se limitan las tarifas que las concesionarias podrán cobrar a los usuarios de las nuevas infraestructuras viarias de peaje, y se regulan las ayudas económicas que esas empresas pueden solicitar al Estado. Segura, por su parte, criticó el sistema de financiación que utiliza el Ejecutivo popular para las grandes obras que, en su opinión, se podría interpretar como un «construye ahora, que ya pagará el que venga detrás».