Los etarras detenidos intentaron atentar contra la Familia Real

Gorka Vidal e Irkus Badillo, los dos presuntos etarras detenidos el domingo pasado por la Guardia Civil en Cañaveras (Cuenca) cuando se dirigían a Madrid para hacer estallar una furgoneta cargada con más de 500 kilos de explosivos, intentaron atentar en diciembre pasado contra la Familia Real española por orden de ETA, mientras la Infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarín, y sus hijos esquiaban en la estación catalana de Baqueira Beret. En los interrogatorios a los que han sido sometidos durante su detención, los dos etarras confesaron que el pasado mes de diciembre intentaron atentar contra el Rey Juan Carlos y su familia mientras pasaban unos días de descanso en la estación de esquí de Baqueira Beret. Los planes de los terroristas, que al parecer resultaron frustrados por el mal tiempo, consistían en enterrar un artefacto explosivo en la nieve. Éste, según la confesión policial, no era el único plan criminal de la cúpula de ETA relacionado con la Familia Real. Los detenidos, solos o en compañía de otros, tenían órdenes de la banda para desplazarse a Madrid el próximo mes de mayo con la intención de sabotear la boda entre el Príncipe Felipe y doña Leticia Ortiz. Según su testimonio, las órdenes de ETA eran que el día previo al enlace real, el 21 de mayo, hiciesen explotar de forma simultánea ocho bombas colocadas en otras tantas torretas de conducción eléctrica, con el objetivo de provocar un gran apagón en una fecha en que el mundo entero estará pendiente de lo que ocurre en España. En el caso de que este plan no fuese factible por las grandes medidas de seguridad que se desplegarán en la capital de España, la cúpula terrorista les había planteado como opción que provocasen el mismo apagón de corriente, pero una semana antes del enlace. La Guardia Civil puso ayer a Vidal y Badillo a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ordenó su ingreso en prisión incondicional. Los dos presuntos etarras permanecerán incomunicados hasta que este viernes declare ante el juez Beñat Barrondo, el tercer detenido en la operación de la Guardia Civil, que trabajaba como delineante para el Ayuntamiento de Llodio (Álava).