Los vecinos soportan 50 días al año el fuego real, de día y de noche

Un cartel debe anunciar en cada pueblo el día y las horas en las que los soldados realizarán maniobras con fuego real. Se suele colocar en el lugar más visible, pero desde hace meses hay información que ya no aparece, caso del nombre y procedencia del regimiento que utilizará las instalaciones militares. Esta es la única forma de controlar la actividad del Ejército. Los vecinos más concienzudos contabilizan día a día las horas en las que no es aconsejable pasear por los campos, ni siquiera por las tierras de labranza. El año pasado, el uso del campo de tiro fue de 480 horas, 16 de ellas durante la noche, a lo largo de 54 días. Esta cifra se ha estabilizado desde que el 13 de septiembre de 1998 unas maniobras provocasen el incendio de los pinares autóctonos de Tabuyo del Monte, Nogarejas, Torneros de Jamuz y Castrocontrigo, época en la que los ejercicios con munición real ocupaba entre 70 y 80 días al año, a su vez muy lejos de los 108 y 107 dias de maniobras que se realizaron durante 1988 y 1989, respectivamente, según los datos recogidos en los informes anuales de la Plataforma por el Desmantelamiento del Campo de Tiro. Este foro, que integra colectivos sociales y políticos de muy diversa índole, reclama al Ministerio de Defensa la financiación de toda la regeneración y recuperación del entorno quemado en 1998 por los militares, «ya que el dinero que se ha dado a los pueblos sólo paga el 50% de los recursos que éstos han perdido», recoge su último informe. Un caso judicial con armas de doble filo Las heridas originadas a consecuencia del incendio, por el que quedaron arrasadas más de 3.300 hectáreas después de que un proyectil se desviase de su trayectoria, todavía no se han cerrado. Un reciente auto del Tribunal Militar Central anuncia la apertura de un juicio oral para determinar si los dos militares imputados hasta ahora tienen algún tipo de responsabilidad penal en el suceso. Las armas con las que responderá la representación legal de los militares son todas las sentencias absolutorias a su favor que han dictado diversos juzgados, mientras que la acusación particular, abanderada por el Ayuntamiento de Luyego de Somoza, tiene como principal argumento un informe de valoración de daños elaborado por la Universidad de Valladolid. Este juicio viene derivado de un largo proceso que se llevó paralelamente en las jurisdicciones civil y militar, hasta que finalmente quedó en manos de esta última.