Casi un tercio de la provincia figura ya como «espacios naturales a proteger»

Construír nuevas carreteras, depuradoras de aguas o industrias y negocios hosteleros como alternativa a la economía tradicional agraria requiere desde hace un año permisos burocráticos adicionales en el 28% del territorio provincial, con estudios de «compatibilidad medioambiental» obligatorios desde que la Junta de Castilla y León se apuntó a la llamada Red Natura, voluntaria para todos los países de la UE a cambio de ayudas y subvenciones para inversiones que respeten el entorno natural. Sólo desde el pasado verano la Delegación Territorial de la Junta ha tenido que tramitar 397 expedientes de este tipo, que además de colapsar suspropias ventanillas han provocado no menos retrasos burocráticos en otras administraciones: apenas 123 de los permisos de obra solicitados proceden de particulares (una cuarta parte del total), mientras que 173 son de proyectos municipales o de la Diputación y el centenar restante de la junta o de ministerios de Madrid. Según José Luis Blanco, jefe del servicio territorial de Medio Ambiente de León, cualquier obra o proyecto en el medio rural protegido debe pasar obligatoriamente desde hace un año el visto bueno de los funcionarios de la Junta, lo que abarca desde carreteras hasta pozos, roturaciones de suelo abandonado, talas tradicionales de árboles, instalación de industrias transformadoras, hoteles y, por supuesto, canteras y minas. «En el 99% de los casos los informes son positivos, porque la gente viene ya con la lección aprendida y no es necesario corregirles nada». En cualquier caso», según Blanco, «todo es a proteger: flora, fauna y sobretodo aves, poblaciones animales endémicas en cada zona por muy raras que sean, o cuanto más mejor, etcétera. En todos los casos se precisa un estudio previo de cada zona, de lo que hay y de lo que no hay, qué tipo de obra se hace y qué tipo de obra se solicita con los correspondientes impactos en el entorno, lo que a menudo resulta muy complejo, cuando no complicado». La nueva normativa no ha causado problemas. al menos por el momento, a otras administraciones, aunque no hay constancia de que opinen lo mismo los inversores particulares. Según el responsable de Vías y Obras de la Diputación, Angel Calvo, «para nosotros se trata de un trámite más que se añade a pequeños proyectos de asfaltado de caminos o de un colector rural, pero hastaahora no hemos tenido problemas burocráticos ni retrasos y estamos ejecutando un volumen de obra importante. Según Calvo, todavía no se ha notado la incidencia de la nueva Red Natura en la maquinaria burocrática de la Diputación, entre otras cosas porque, a pesar de contar con tres mil kilómetros de carreteras rurales, apenas se construyen ya nuevos caminos: «algunas veces, si en presupuesto no supera el 15% del total, procuramos sacar las carreteras de los pueblos, pero se le da a Medio Ambiente tres o cuatro opciones para elegir, y no hay problema»