Interior acepta estudiar la ampliación de los efectivos de la Ertzaintza

Los gobiernos central y vasco plasmaron ayer la nueva etapa de recuperación del diálogo y de la normalidad institucional con la celebración de sendas reuniones bilaterales entre sus respectivos responsables de Interior y Justicia, dos de los departamentos que en los últimos años simbolizaron el enconado enfrentamiento entre ambos ejecutivos. Tanto los ministros como los consejeros alabaron, al término de los encuentros, el talante positivo de las entrevistas, en contraposición a la congelación de relaciones previa, e hicieron votos para establecer cauces permanentes de comunicación entre sus departamentos y para comenzar a negociar algunos de los temas bilaterales atascados desde hace años por el enfrentamiento institucional. La imagen gráfica de este cambio de talante la dieron los responsables de Justicia, el ministro Juan Fernando López Aguilar y el consejero Joseba Azkárraga, que, de forma inusual en los últimos años, comparecieron juntos tras su reunión en la sala de prensa del ministerio para hacer pública su «firme» intención de «hablar siempre de todo, aunque sea para discrepar legítimamente», según resumió el político vasco. Azkárraga, que en los últimos años protagonizó agrias polémicas con el ex ministro José María Michavila, recordó que por primera vez en tres años había sido invitado a una entrevista de trabajo en el ministerio, que calificó como «una conversación enormemente interesante» y «una nueva etapa, que redundará en beneficio de todos». El ministro López Aguilar concretó el nuevo talante en el establecimiento de «un cauce de diálogo y comunicación directa» entre ambos departamentos, que espera que se mantenga abierto durante toda la legislatura, y en la elaboración de una agenda inicial de temas a tratar. El ministro dijo que es muy importante que ambos gobiernos estén dispuestos a «hablar, dialogar, cooperar y, también, a discrepar» a través de los cauces democráticos. El responsable de Justicia vasco pidió a López Aguilar que reflexione sobre la posibilidad de derogar algunas de las reformas penales realizadas por el PP, incluidas la ley de cumplimiento efectivo de penas de etarras, la ley de Partidos o la que limita la posibilidad de estudios universitarios a los presos de ETA. El ministro les contestó que el PSOE quiere negociar la derogación o modificación de algunas de estas reformas penales, como la que convierte en delito la convocatoria irregular de referendos, pero que otras, como la ley de cumplimiento íntegro de penas, contó con el voto de su grupo, y no hay previsión de modificarlas. «Sin desconfianzas» Este mismo clima de recomposición del diálogo y de las relaciones institucionales presidió la reunión que, casi al mismo tiempo, mantuvieron ayer en el Ministerio del Interior el titular de la cartera, José Antonio Alonso, y el consejero vasco del ramo, Javier Balza, acompañados de sus más directos colaboradores. La reunión, además de para abrir canales de comunicación, sirvió para iniciar el diálogo sobre dos temas bloqueados desde el 2000: la posibilidad de ampliar los efectivos de la Ertzaintza y la búsqueda de mecanismos y de voluntad política para que agentes de la Policía Autonómica Vasca se integren en los equipos de lucha antiterrorista de la Unión Europea (UE). Balza declaró que llegó a Madrid para «aportar diálogo y confianza» y que quiere aprovechar el nuevo clima institucional para poder trabajar «sin ningún tipo de interferencias ni desconfianzas» con el ministro. El consejero añadió que «si se establece el clima de mutua confianza que nosotros buscamos, cuestiones con la ampliación de la Ertzaintza o la incorporación de nuestra policía a todos los mecanismos de colaboración previstos Schengen se resolverán sin mayor dificultad». El cambio fundamental con el anterior Ejecutivo central es que no hubo rechazo frontal de ambas demandas. La Consejería vasca de Interior pretende que el Ministerio autorice un primer incremento de efectivos de la Ertzaintza en 200 agentes -con lo que pasaría a 7.700-, para más tarde cerrar la plantilla con 300 más, hasta sumar 8.000 agentes.