El anteproyecto de ley contra los malos tratos divide en dos al Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se fracturó prácticamente en dos mitades al avalar ayer por 10-9 el dictamen descalificador del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia sobre las Mujeres que había redactado el ponente José Luis Requero y aprobado la Comisión de Estudios e Informes. La mayoría conservadora asumió sin cambiar una coma ese texto anterior, que considera insconstitucionales los tipos penales «sólo para hombres» y los juzgados especiales «sólo para víctimas femeninas» de malos tratos. Los vocales discrepantes, en cambio, discuten la argumentación de sus colegas y les reprochan sus «afirmaciones de escaso rigor jurídico». Las posturas públicas mantenidas por representantes de ambos sectores y el resultado del sufragio confirman que el Pleno del CGPJ fue un auténtico diálogo de sordos que sólo pudo dirimirse 'a votos'. Aunque el portavoz del Consejo, Enrique López, destacó la «labor sólo instrumental» del organismo para elaborar un «mero informe técnico» y remarcó que «ni debemos ni queremos entrar en el debate político, cuya sede debe ser el Parlamento», al final no hubo aproximación 'técnica' alguna. Los diez vocales propuestos por el Partido Popular hicieron valer su exigua mayoría para respaldar «literalmente» la argumentación ya aprobada por la mínima (3-2) por la Comisión de Estudios. Desde las otras nueve vocalías -propuestas en su día por socialistas, nacionalistas e independientes- , el descontento por el desenlace se tradujo en el anuncio de seis votos particulares y en la lectura pública de una nota muy crítica con el informe aprobado por sus diez colegas. «Rechazamos que se descalifique globalmente y en términos cuasi-peyorativos y tendenciosos el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia ejercida sobre las Mujeres», protestan los vocales discrepantes en una nota firmada por ocho de los nueve. Y añaden dos severos reproches a sus compañeros, no sólo porque «llegan incluso a cuestionarse la necesidad de una protección especial a las mujeres víctimas», sino porque su argumentación «contiene afirmaciones de escaso rigor jurídico». Los autores del texto elogian las «medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres víctimas» y se felicitan de que «España será el primer país europeo que contará con una Ley integral», por más que sea «susceptible de mejoras técnicas» y que sea deseable «el mayor grado de consenso» en el Parlamento. Los conservadores, en cambio, comprenden el «bienintencionado» texto, pero advierte que roza la inconstitucionalidad.