El Gobierno desoye al Poder Judicial y aprueba la ley de violencia de género

El Gobierno cumplió ayer lo anunciado y aprobó el proyecto de ley de Ley Integral de Violencia de Género desoyendo el informe del Consejo General del Poder Judicial. El texto legal -que recupera el calificativo de violencia de género pese a que la Real Acade-mia lo desaconseja- mantiene la discriminación positiva y por tanto prevé tipos penales distintos para amenazas o coaciones dependiendo de si la víctima es un hombre o una mujer. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que la discriminación positiva es «una parte medular» del proyecto y el Gobierno no la va a retirar. «No lo hemos aceptado, ni lo vamos a hacer en el trámite parlamentario», adelantó, aunque la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, matizó que en el trámite parlamentario pueden incorporarse «mejoras técnicas que permitan que estos tipos penales sean más eficaces, pero no renunciamos a los tipos penales específicos». Caldera se esforzó en defender la necesidad de dar distinto trato legal a las mujeres víctimas y para ello apeló a la ONU que, según dijo, reconoce el derecho de un Estado a «utilizar acciones de discriminación positiva que permitan corregir las desigualdades negativas». Y justificó las penas más graves cuando la víctima es una mujer por el hecho de que ese tipo de violencia tiene el agravante de que se ejerce con el ánimo de «someter» a la mujer. Por su parte, Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno ha pretendido con esta ley defender los derechos de la mujer, que consideró «bienes constitucionales». «Si el Gobierno tenía que elegir entre la seguridad de las mujeres y una interpretación conservadora del derecho a la igualdad ha optado por lo primero», aseguró la vicepresidenta. Insistió en que el Ejecutivo ha incorporado modificaciones de diferentes organismos pero que el límite que se ha trazado es «la defensa a ultranza de las mujeres maltratadas». Las principales modificaciones son que el ámbito de aplicación de la ley serán finalmente las mujeres que sufren maltrato por parte de un hombre con el que mantienen o han mantenido una relación afectiva, aún sin convivencia. El Gobierno ha atendido también una recomendación del Consejo de Estado referente a la protección de los hijos de las mujeres maltrata-das. Caldera aseguró que la ley incluye medidas en ese sentido aunque recordó que ya existe una ley específica para proteger a los menores. Los menores hijos de las víctimas podrán acceder a los servicios sociales y a los juzgados especiales de violencia de género. La ley recoge igualmente bonificaciones para las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer que hayan debido suspender su contrato para hacer efectiva su protección. La ley garantizará también la equidad interterritorial en la implantación de los servicios sociales de asistencia a través de un fondo económico específico dirigido a ese fin. En lo que se refiere a la vivienda, se favorece a las víctimas de violencia el acceso a las residencias de mayores como colectivo preferente. El texto inicial ya reconocía el acceso preferencial de las víctimas a la vivienda protegida. En el ámbito educativo, el pro-yecto contempla la integración en todos los Consejos Escolares de miembros que velen por la aplicación de los principios de igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. «Si el Gobierno tenía que elegir entre la seguridad de las mujeres y una interpretación conservadora del derecho a la igualdad ha optado por lo primero» Mª TERESA FDEZ. DE LA VEGA Vicepresidenta primera