La Justicia investigará si un confidente preso por el 11-M fue amenazado

El juzgado de Instrucción número 3 de Valdemoro (Madrid) investigará las supuestas coacciones y amenazas que el confidente de la Guardia Civil Rafá Zohuier, imputado en los atentados del 11-M, dice haber sufrido en prisión por miem-bros de las fuerzas de seguridad. El fiscal general, Cándido Conde Pumpido, confirmó ayer que él mismo ha impulsado esa investigación «para averiguar si hay algo de verdad» en esas denuncias. El Ministerio de Interior recibió el pasado día 17 de mayo una carta firmada por el confidente Rafá Zouhier, en prisión provisional por su presunta relación con los atentados del 11 de marzo, fechada el día 4 de mayo en la que denunciaba haber sido objeto de amenazas y presiones. El confidente está citado a declarar mañana. Zohuier asegura que ha recibido presiones de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que no cuente lo que sabe sobre la venta de los explosivos utilizados en los atentados. Zohuier está relacionado con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, también confidente, que presuntamente vendió la dinamita Goma 2 Eco a los terroristas a cambio de droga. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, fue preguntado por esta investigación y se remitió a una nota de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del pasado 6 de julio en la que se negaba que los días 22 ó 23 de mayo cualquier miembro de la Guardia Civil visitara al interno Rafa Zouhier en el centro Madrid III. El PP ha solicitado también la inmediata remisión a la comisión de todos los informes policiales sobre los dos confidentes de la policía y la Guardia Civil que están en prisión por su relación con la masacre. En uno de estos informes se señala que Zouhier informó a principios del 2003 de que una persona buscaba en Avilés compradores de explosivos. El PP ya solicitó la comparecencia de los dos confidenets ante la comisión, a lo que se negó el PSOE. Sin embargo, ayer fue Izquierda Verde (IU-ICV) quien pidió que los soplones declaren para «no dejar cabos». IU quiere que comparezcan también Manuel García Rodríguez, jefe del gru-po de estupefacientes de Avilés con quien trataba Suárez, y el teniente coronel de la Guardia Civil Félix Hernando, responsable de la UCO. Otro detenido Por otro lado, la policía nacional arrestó ayer a un marroquí residente en la población madrileña de Leganés por considerar que guarda algún tipo de relación con el comando islamista que organizó y ejecutó la matanza de 11 de marzo en Madrid, según fuentes de la investigación. El detenido, que prestó declaración durante poco más de una hora en la Audiencia Nacional ante el juez instructor del caso, Juan del Olmo, quedó detenido e incomunicado por orden del magistrado, a la espera de que se realice la prueba que servirá al magistrado para decidir si le deja en libertad provisional o le manda a prisión por su implicación en los atentados del 11-M.