El fiscal asegura tener «mucho que hacer» como para ocuparse del Yak

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, quien investiga el accidente aéreo del Yak-42, dijo ayer tener «muchas cosas que hacer como para ocuparme del avión», al ser preguntado sobre la petición de exhumación de los cadáveres de treinta militares que fueron mal identificados. Según informaron ayer fuentes jurídicas, las familias de veinte militares fallecidos en el accidente, representados por un solo abogado, han solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, encargada de este caso, que autorice la exhumación judicial de los treinta cadáveres que fueron erróneamente identificados e indebidamente entregados a familiares que no les corresponden. No obstante, nueve de estos treinta cadáveres fueron incinerados y por tanto no podrán ser exhumados. Una vez exhumados los cadáveres, los familiares piden que se realice una necropsia preliminar para determinar la posible existencia de restos de distintas personas en cada ataúd. También solicitan que se tomen muestras de los tejidos para la practica de pruebas de ADN y que se cotejen con las muestras extraídas por los forenses turcos y con las tomadas a los familiares de los fallecidos en el accidente ocurrido en Turquía en mayo del 2003. Piden también a la juez que acuerde la inspección de los ataúdes con el objeto de verificar si existen objetos personales en su interior y que en el caso de ser así se proceda a su catalogación para poder entregarlos a los familiares a los que les correspondan. Una vez realizadas todas estas verificaciones, los familiares reclaman la entrega de los cadáveres identificados para su inhumación en el lugar que ellos deseen. De acceder finalmente la juez a la solicitud de las familias, un sólo equipo de forenses se hará cargo, previsiblemente, de las labores de identificación. No obstante, todo indica que tanto Teresa Palacios como el fiscal, no se pronunciarán sobre las exhumaciones hasta que reciban el informe que la juez pidió al Ministerio de Defensa sobre el siniestro, concluido en diciembre de 2003, y los documentos sobre la identificación de los cadáveres. En el momento en que obtenga toda esta documentación, la juez podría también, tal y como pidió el fiscal, citar como imputados a los autores de los documentos referidos a las identificaciones.