El Constitucional decidirá si los textos europeo y español son compatibles
El Consejo de Ministros solicitará el próximo viernes al Tribunal Constitucional que se pronuncie antes del referéndum del 20 de febrero sobre si será necesario reformar la carta magna de 1978 para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Constitución de la Unión Europea. El Gobierno espera no tener que celebrar un segundo referéndum si el alto tribunal considera que la Carta Magna afecta los títulos relativos a los derechos fundamentales, porque eso obligaría a disolver las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas. Si esa contingencia se produce, atrasaría la consulta hasta 2007. A pesar de que el pasado viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo con rotundidad que no pediría un informe al Constitucional antes del referéndum, el Gobierno cambió de opinión en la reunión de 'maitines' del pasado lunes y prefirió plantear el requerimiento, una decisión con la que sigue la recomendación que le hizo el Consejo de Estado hace dos semanas. Iniciativa de IU A esa rectificación contribuyó una iniciativa que presentó ayer Izquierda Unida en el Congreso para que fuera la cámara, ante la negativa del Ejecutivo, la institución que pidiera ese informe al Constitucional. La propuesta contaba con apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que se hubiera quedado solo y no hubiera logrado bloquear el pronunciamiento del alto tribunal. El requerimiento de Mariano Rajoy, que también pidió al presidente del Gobierno esa consulta previa, también influyó en la decisión del Ejecutivo, según admitieron en fuentes del grupo socialista. El Consejo de Estado considera «obligado» que el Constitucional opine sobre las posibles divergencias entre la ley fundamental española y el nuevo tratado europeo. El artículo sexto de la Constitución de la UE establece la «primacía» del derecho comunitario sobre el que rige en los Estados miembros. Algunos especialistas temen que este punto se contradiga con el artículo 9.1 de la carta magna española, que establece que los ciudadanos están sujetos «a la Constitución (española) y al resto del ordenamiento jurídico». Otros expertos opinan que los textos no se contradicen y que, por tanto, no será necesario convocar otro referéndum después del 20 de febrero para adaptar la Constitución española a la europea.