Batasuna controlará 800 millones de euros si le dejan volver a la política

El acto celebrado este fin de semana por la ilegalizada Batasuna y la nueva propuesta política de su líder, Arnaldo Otegi, ha reabierto el debate sobre la posibilidad de reintegrar al nacionalismo radical a la vida pública. Detrás de ese debate está no sólo la exigencia de la Ley de Partidos de condenar la violencia, sino también la imperiosa necesi-dad de Batasuna de recuperar sus fuentes de financiación. El acoso político y el judicial -a través de las actuaciones del juez Garzón- han dejado a la formación aberzale al borde la asfixia económica. La principal vía de financiación que Batasuna recuperaría en caso de permitirse su vuelta a la política sería la derivada del control que ejercería sobre los ayuntamientos que gobierne. Antes de su ilegalización, que le impidió presentarse a las municipales de mayo del 2003, Batasuna gobernaba en 49 ayuntamientos vascos y navarros y recibía el sueldo de 940 cargos públicos en el País Vasco y Navarra. La Ley de Partidos le imposibilitó renovar esos mandatos. Sólo las 49 alcaldías que tenía suponían para Batasuna el control de 200 millones de euros anuales, es decir, 800 millones de euros por legislatura, o lo que es lo mismo, 128.000 millones de pesetas. Ese es el dinero que Batasuna ha dejado de controlar, lo que no quiere decir que entrara directamente en sus arcas. Otras vías de ingresos La municipal era la mayor fuente de ingresos de Batasuna. La Administración central había cortado el grifo a la coalición aberzale mucho antes de que lo permitiera la Ley de Partidos. El Estado mantenía retenidas desde 1987 todas las subvenciones que correspondían a HB y ello a pesar de numerosas sentencias del Supremo que fallaron a favor de Batasuna. En el 2001, esa situación anómala se legalizó al excluirse de las subvenciones a los cargos electos que no adquirieran la condición plena de parlamentarios y a los que hayan sido condenados por pertenencia a banda armada. HB sólo ha recibido desde entonces subvenciones del Gobierno, Parlamento y ayuntamientos vascos, que en 1999 le dieron 2,9 millones de euros. Actualmente está en litigio la decisión de la Mesa del Parlamento vasco de reconocer a Sozialista Abertzaleak (última marca política de Batasuna) el derecho a «recibir las subvenciones legalmente establecidas en el Reglamento de la Cámara». Los Presupuestos del 2004 contemplan 527.166 euros en subvenciones y sueldos a los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (SA). El Supremo ha advertido que tomará medidas legales sobre quien realice ese pago dado que ha ordenado la disolución del grupo parlamentario de SA. Los problemas económicos de Batasuna llevaron a que su asamblea nacional redujera de cinco a tres millones de euros su presupuesto anual. Pero lo cierto es que el 80% de ese presupuesto se nutría tradi-cionalmente de subvenciones y sueldos de cargos públicos, por lo que no está claro de dónde provendrá ese dinero.