Granada acoge hoy una cumbre para unificar criterios antiterroristas
La UE busca en Granada definir quién es sospechoso de terrorismo
España, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia estudian un sistema de alerta rápida para atentados
Los cinco grandes países europeos están dispuestos a superar las numerosas trabas legales para poder intercambiar entre ellos listados e informes de personas sospechas -aunque no imputadas- de mantener contactos con grupos terroristas islamistas. Los ministros del Interior de España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania, el conocido como G-5 o grupo de Jerez, se reúnen a partir de hoy en Granada, un año después de los atentados del 11-M, con el reto de hacer realidad un banco de datos común sobre posibles miembros de Al Qaida residentes en la UE. La delegación española, la que probablemente más interés ha puesto en el programa de intercambio de datos de islamistas en libertad, es consciente de los problemas jurídicos que supone el tratamiento de informaciones de 'sospechosos' integristas, personas que han sido investigadas en algún momento por sus relaciones con el terrorismo o que se tienen constancia de que han pasado por campos de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, Chechenia o Bosnia pero a las que nunca se ha podido probar que hayan cometido delitos en territorio europeo. La propuesta del ministro del Interior, José Antonio Alonso, a sus colegas en el encuentro de Granada será la de definir una «figura racional y jurídica» sobre quién puede ser catalogado como 'sospechoso'. Los expertos españoles quieren que en esta denominación quepa todo aquel individuo «contra el que el Estado se haya dirigido en alguna ocasión» y sobre el que existan «indicios racionales» de sus contactos con bandas terroristas. Según los preacuerdos alcanzados por los técnicos de los cinco países, los listados de estos presuntos activistas, a diferencia de los ya existentes en la UE, serían «reservados», dado su carácter meramente operativo, no político. El intercambio de estas identidades tendría lugar a través de los respectivos órganos suprapoliciales. En el caso español, sería el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), de reciente creación y en el que se integran policías, guardias civiles y agentes del CNI. Entre los temas a abordar en esta sexta reunión del G-5 también está el de poner en marcha un 'sistema de alerta rápida' entre los cinco países para detectar robos o tráfico de armas y explosivos no convencionales (nucleares, biológicas, químicas y radiológicas) que puedan ser utilizadas en atentados, así como el futuro de Interpol.