El Gobierno central perseguirá desde hoy a los inmigrantes irregulares Zapatero afronta el miércoles su primer debate sobre el estado de la nación

Cerrado el proceso de regularización, se acabó la tregua. Después de tres meses de actividad frenética en las oficinas habilitadas por el Gobierno para esta campaña, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer que finalmente serán casi 700.000 los inmigrantes que pasen de la clandestinidad a cotizar en la Seguridad Social y residir legalmente en España. El resto de los extranjeros en situación irregular verán como en los próximos meses la inspección se vuelve más férrea y las expulsiones se multiplican. O al menos eso es lo que prometió ayer Caldera, que avanzó una cifra: en lo que queda año, la Inspección de Trabajo visitará 200.000 empresas y abrirá unos 500.000 expedientes. Todo para que el proceso de re-gularización más importante de la historia de España no caiga en saco roto. Los números hablan por sí solos: en estos tres meses obtendrán los permisos de trabajo y residencia más ex-tranjeros de los que lo hicieron en los seis procesos similares abiertos en el país desde 1991. Pero no todo son luces. Las sombras se imponen cuando el análisis se centra en la cifra de extranjeros que seguirán en situación irregular. Las propias estadísticas de irregulares empadronados apuntan a que más de 400.000 personas seguirán en la clandestinidad. Permisos de residencia La responsable de Inmigración de UGT, Almudena Fontecha, se felicitó ayer de la marcha del proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros, abierto el pasado 7 de febrero y que finaliza hoy, porque garantizará que «un buen número de ellos puedan renovar sus permisos de residencia y trabajo dentro de un año». Fontecha dijo que al vincular la legalización a un contrato de trabajo se consigue la continuidad de la legalidad de los extranjeros que, en otros procesos, conseguían un permiso de residencia, pero sin la garantía de una contratación de al menos seis meses. La oposición Por otra parte, el secretario general del PP, Angel Acebes, calificó ayer de «caos» el proceso de regularización y señaló que ahora hay más inmigrantes clandestinos que cuando se inició. Acebes añadió que se ha producido con el proceso de regularización de inmigrantes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «un claro efecto llamada», como lo ha puesto de relieve un estudio de expertos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afrontará este miércoles su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del Gobierno. Una oportunidad que el jefe del Ejecutivo quiere aprovechar para «vender» su gestión e intentar demostrar que un año después de su llegada al poder los ciudadanos viven mejor que con José María Aznar. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, prepara su artillería para rebatir sus argumentos. La política territorial, la situación del País Vasco, el pacto antiterrorista y el «caos» de la regularización de inmigrantes serán los problemas sobre los que incidirá para desmontar el optimismo de su adversario. Por primera vez José Luis Rodríguez Zapatero afronta el principal debate parlamentario anual en el papel de quien tiene que rendir cuentas y no en el de quien debe exigirlas. Pero lo hace en el momento de mayor tensión con el primer partido de la oposición, después de unas elecciones vascas que han puesto al borde de la ruptura al pacto antiterrorista por la presencia del PCTV en la cámara de Vitoria, y en vísperas de las elecciones autonómicas de Galicia en las que socialistas y populares se juegan mucho. Pese a todo, el presidente del Gobierno acude al Congreso dispuesto a hacer gala del famoso talante del que tanta mofa ha hecho la oposición para reafirmar que