La Justicia francesa niega que ETA tenga voluntad negociadora

La fiscal antiterrorista Delphine Thibierge indicó ayer al Tribunal Correccional de París que «ETA nunca ha tenido la menor voluntad de negociar ni de abandonar la lucha armada» y que su «único motor es la violencia». Esta valoración, formulada por primera vez en público, está mayoritariamente extendida entre los magistrados galos especializados en los casos relativos a ETA. La representante del ministerio público señaló que «a través de la historia se percibe que nunca se ha acreditado voluntad de negociar por parte de ETA». Puso como ejemplos las treguas de 1989 y 1998, «planteadas para favorecer la negociación con el Gobierno español» en Argelia y Suiza, respectivamente, y «rotas por la organización». Thibierge recordó la actual iniciativa del Gabinete socialista, respaldada por el Parlamento, de abrir una vía de diálogo. Sin entrar a valorar esa decisión, enfatizó que constataba que «en respuesta ha habido un atentado en pleno centro de Madrid con decenas de heridos». La fiscal antiterrorista, encargada de los sumarios contra ETA en París, hizo estas observaciones en la clausura del macroproceso contra quince presuntos implicados en el aparato de la reserva. El boicoteo del juicio por parte de los acusados, por no disponer de intérprete de euskera, muestra «la incapacidad de la organización no sólo a entablar el diálogo sino a escuchar a otros interlocutores con opiniones distintas, considerados como enemigos», expuso. Al final de una intervención de cuatro horas pidió diez años de prisión, la pena máxima por asociación de malhechores con fines terroristas, contra José Luis Campo Barandiaran e Iñaki López de Bergara por considerarlos los jefes máximos de la estructura. Para Xabier López Peña, Juan Cruz Maiza y Luis Armando Zabalo Bilbao, presuntos responsables regionales de la red desmantelada en Burdeos, Toulouse y Lyón, solicitó nueve años. La petición fiscal fue de ocho años para Fermín Martínez Bergara, de siete para Mikel Otegi y de seis para Anjel Cruz Arrozpide, Aloña Muñoa, Mikel Urkia, Txus Martín Hernando y Josu Ordóñez. Por último, solicitó cinco años contra Xabier Zabalo Beitia y Ainhoa Barbarían así como una pena comprendida entre cuatro y cinco años para Juan Carlos Estevez Paz. La abogada defensora, Xantiana Cachenaut, consideró excesivas las penas y pidió la absolución por algunos delitos.