La falta de acuerdo dejará a Galicia sin fondos para la convergencia

La falta de un acuerdo para el reparto de fondos impediría a Galicia recibir ayudas estructurales a partir del 2007, lo que amenazaría gravemente el desarrollo de sus infraestructuras y pondría en peligro su convergencia con Europa. El propio secretario general del PP gallego, Xesús Palmou, recordó ayer que con la falta de acuerdo, la comunidad dejará de ser Objetivo 1. El aplazamiento de la negociación sobre el presupuesto de la Unión representaría un duro golpe para los países más pobres, pero, en el caso de Galicia, la noticia llegaría además muy pocas horas antes de que la comunidad se enfrente a uno de los procesos electorales más trascendentes y reñidos de su historia, tras una campaña electoral en la que, precisamente, las infraestructuras y las políticas sociales ?muchas de las cuales se financian también con dinero comunitarios? han centrado gran parte de los debates. La falta de acuerdo también dejaría a Galicia al borde del límite estadístico que la sitúa como territorio preferente para la solidaridad europea. El cálculo de los niveles de riqueza, que dejan a la comunidad por debajo del 75% de la media UE ?el límite bajo el cual se establece la categoría de las regiones Objetivo 1, las más beneficiadas en la percepción de fondos?, están basados en las cifras de los años 2000, 2001 y 2002. Pasado el tiempo, si se tomaran como referencia los datos del 2003, Galicia probablemente superaría ese nivel y perdería esa condición por todo el período, hasta el 2013. Proyectos El aplazamiento de la negociación financiera paralizará la convergencia de las regiones más pobres, que dejarían de recibir fondos desde el 1 de enero del 2007, fecha en la que vencen los proyectos plurianuales para repartir esas ayudas. Dado que la Comisión necesita entre 12 y 18 meses para presentar sus planes desde que se aprueba el presupuesto de la Unión, la única posibilidad para que Galicia y el resto de regiones perceptoras sigan recibiendo ayudas es que el acuerdo se materialice antes de que termine el año. Y eso es algo que a la mayoría de analistas se le antoja prácticamente imposible, puesto que el pacto tendría que alcanzarse en los próximos seis meses bajo la presidencia del Reino Unido, uno de los países más intransigentes en la Cumbre de Bruselas a la hora de limar sus posiciones.