El fiscal de la Audiencia Nacional califica la querella de la AVT de «fraude de ley»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no sólo considera que la dirección nacional del PCTV no ha cometido, «ni siquiera de modo aproximado», un delito de colaboración con ETA y que la acusación planteada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo es «algo temeraria» sino que afirma que «eso es, simplemente, un fraude de ley». El fiscal Jesús Alonso explica en el informe que entregó el martes al Juzgado Central 5 que la AVT «en fraude de ley» pretende con su querella ilegalizar por la vía penal al PCTV sin respetar el procedimiento establecido por la ley, que es la vía administrativa, mediante un recurso ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. La asociación buscó esta triquiñuela legal como respuesta a la negativa de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a instar la ilegalización de la formación comunista ante el Supremo, por considerar que no había pruebas para hacerlo. Estas dos instituciones son las únicas que pueden plantear el procedimiento de ilegalización ante el alto tribunal, y su negativa mereció duras críticas y descalificaciones de la AVT y del PP al Gobierno. Alonso señala en el informe que «no se puede pretender, como hace el querellante, utilizar una vía distinta de la prevista por la ley para conseguir otros fines; no se puede utilizar el derecho penal como atajo de otros intereses; no se puede pretender la ilegalización administrativa por el uso de la vía penal». El fiscal es rotundo: «La vía penal está para perseguir delitos, no para acortar caminos».La reprimenda del fiscal a la AVT no termina ahí, ya que. en el escrito indica que la asociación ha hecho unas acusaciones que sabe que no existen. También se pregunta por qué la asociación no ha visto el mismo delito de colaboración con ETA en los dirigentes de Batasuna tras su ilegalización por el Supremo y les ha denunciado ante la Audiencia Nacional. Alonso se responde: que «no lo ha visto simplemente porque no existe». El fiscal indica que la ilegalización sólo afecta a las organizaciones políticas, no a las personas que las componen, que sólo cometen delitos de terrorismo si participan en hechos tangibles de forma individual.