La Guardia Civil mantendrá abierta la investigación por la muerte en Roquetas

La Guardia Civil mantendrá formalmente abierta la investigación interna acerca de la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano al margen de las diligencias practicadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar, Estefanía López, que el pasado lunes dejó en libertad con cargos a los nueve agentes imputados. El instituto armado negó que se haya paralizado la investigación interna ordenada por la Dirección General del Cuerpo, si bien la decisión sobre los expedientes disciplinarios definitivos para los agentes implicados en el caso quedará, de momento, congelada, a expensas de la resolución judicial que se produzca. Declaraciones Los nueve guardias civiles acudieron a las 11 de la mañana de ayer, martes, a la 212 Comandancia de la Guardia Civil de Almería para prestar declaración, trámite que se prolongó casi tres horas. Según explicó a las puertas del edificio el abogado de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), Antonio Suárez-Valdés, los agentes imputados se reafirmaron ante el teniente coronel instructor de la zona de Sevilla en las declaraciones que realizaron durante el procedimiento judicial. Los guardias -a los que Defensa suspendió de forma cautelar por seis meses en sus funciones- permanecerán apartados del servicio a la espera de que la juez adopte una resolución firme. Será entonces, previsiblemente, cuando la cúpula de la Guardia Civil confirmará los expedientes disciplinarios definitivos para los agentes relacionados con el caso. La semana pasada, el Ministerio del Interior expedientó y suspendió por tres meses a los ocho acusados por faltas muy graves. Poco después, el Ministerio de Defensa, al que está adscrita la Guardia Civil por tratarse de un cuerpo policial de naturaleza militar, amplió ese castigo a seis meses por la «gravedad» de los hechos. La instrucción interna servirá, pase lo que pase con el proceso penal en curso, para establecer posibles medidas sancionadoras contra los implicados en la paliza, que en algún caso podrían incluso acarrear la expulsión del instituto armado. Suárez-Valdés, que asumió en nombre de su asociación la defensa de los guardias civiles en esta otra investigación, insistió en que ninguno de los agentes está sujeto a un expediente disciplinario, aunque se mantiene su cese cautelar, «por lo que permanecerán en sus domicilios». El letrado criticó con acritud el «linchamiento mediático» que cree que padecen estos días los nueve acusados y sus familias. Escarmiento El ministro del Interior, José Antonio Alonso, también fue blanco de las críticas del abogado, que le acusó de hacer «una instrumentalización política» del caso y de pretender utilizar a sus defendidos para llevar a cabo un «escarmiento inflexible». Aseguró que no se ha respetado la presunción de inocencia, pues a su parecer «aún no están claras las causas de la muerte».