La selección de residuos urbanos es obligatoria en todos los municipios

Separar la basura orgánica de la inerte es obligatorio en todos los ayuntamientos y poblaciones, independientemente de su tamaño, según las normativas de la UE, que ya el pasado año fijaban en un máximo del 45% los restos metálicos, de papel, vidrio o plásticos que pueden enterrarse en un vertedero. Teóricamente el año que viene deberían reciclarse hasta un 85% de los residuos urbanos, aunque éste parece un objetivo difícil de cumplir. Según el gerente de Gersul, Secundino Prieto, las principales cabeceras de comarca, incluída León capital intentan cumplir ya la normativa europea y cuentan con contenedores específicos en sus calles para cada tipo de residuos. Teóricamente están en disposición de cumplir las normas Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza y, más recientemente, Sariegos, además de otras cabeceras de comarca. La suma de estas poblaciones representa aproximadamente dos tercios de la población provincial, aunque no existen estadísticas de su grado real de cumplimiento, según Prieto. «El CTR se limita a recoger las bolsas y lo que no viene preseleccionado tenemos que hacerlo nosotros, lo que representa un coste importante, pero, de todas formas, no queda más remedio. ¿En qué porcentaje nos llega el problema resuelto desde los domicilios y los municipios? Es díficil precisarlo todavía porque el CTR lleva poco tiempo funcionando, aunque, en todo caso, el funcionamiento va siempre a mejor». Sin sanciones todavía En parecida situación a la leonesa se encuentra la mayoría de los municipios del país, casi todos los cuales se limitan a esperar de la colaboración ciudadana el alivio a sus problemas de recogida de basuras en forma de selección previa. Sólo en algunos municipios muy concretos como el de La Coruña, en Galicia y algunos del País Vasco o Cataluña los ciudadanos pueden ser sancionados si sus bolsas de la basura no tienen separada previamente la basura orgánica de la inorgánica para facilitar la función de los servicios públicos de recogida y reciclaje. Las sanciones pueden llegar hasta 300 euros y los infractores son relativamente fáciles de localizar: basta con hurgar en las bolsas y, encontrar, por ejemplo, una factura del supermercado..