El Supremo ve ilegal la restricción de derechos a los inmigrantes

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado ilegales las restricciones de derechos a las que vienen sometidos los inmigrantes clandestinos en los denominados centros de internamiento de extranjeros (CIE). El alto tribunal da la razón a tres organizaciones no gubernamentales que denunciaron que la orden ministerial aprobada en 1999 por el Gobierno del PP que regula el funcionamiento de estos establecimientos vulneraba derechos constitucionales de los 'sin papeles'. La sentencia anula los artículos 30, 33.5 y 34 de la orden ministerial. Estos tres preceptos potestaban a los directores y gestores de los centros para restringir las visitas de familiares y abogados a los internos, para controlar e intervenir la correspondencia de los 'sin papeles' y decomisar sus pertenencias. Andalucía Acoge, Aspa y Mujeres Progresistas 'La Mitad del Cielo', las tres organizaciones que recurrieron al Supremo, sostienen que entre 1999 y 2003 fueron decenas de miles los inmigrantes que mientras esperaban su expulsión o repatriación vieron vulnerados sus derechos en los siete centros existentes en España (Madrid, Cataluña, Canarias, País Vasco, Valencia y dos en Andalucía). Las tres organizaciones recordaron que un año después de la entrada en vigor de la orden ministerial recurrida, el PSOE presentó una enmienda para instar al entonces Gobierno 'popular' a regular por ley el funcionamiento interno de los centros de manera similar a la normativa existente para las cárceles. Aquella iniciativa no prosperó. Andalucía Acoge denunció hoy que el Ejecutivo socialista en casi un año y medio tampoco ha comenzado los trabajos para fijar en una ley orgánica los derechos de los inmigrantes ingresados en estos establecimientos, que, sostienen las organizaciones denunciantes, siguen «absolutamente desprotegidos».