La política española de expulsiones, en entredicho

La ley es clara. Si un subsahariano, o quien sea, pone un pie en territorio español, no se le puede expulsar del país sin haber abierto un expediente y sin que el caso se someta a un proceso de deportación. En la mayoría de los casos, este proceso resulta inútil porque España no tiene tratados con esos países y porque los inmigrantes hacen lo posible para perder sus documentos y dificultar su expulsión. En Ceuta y en Melilla, ese «territorio español» en el que poner el pie, ese Santo Grial de los subsaharianos, se encuentra detrás de la primera de las dos vallas que separan las ciudades autónomas de Marruecos. En teoría, si pasan ese primer obstáculo, ya han conseguido su objetivo. Pero esto no es así en absoluto. Según han constatado varias oenegés y según los testimonios de decenas de africanos con los que habló La Voz en los últimos días, la mayor parte de los que pasan la primera valla y muchos de los que cruzan la segunda son detenidos y entregados en mano a los marroquíes. Ellos se los lleven hasta la frontera de Argelia (con quien no tienen tratados de deportación) y los abandonen en tierra de nadie. SOS Racismo constató en los últimos meses más de 300 de estas deportaciones fuera de la ley. Este periódico encontró casos de subsaharianos que afirmaban haber sido deportados en siete ocasiones, y otras tantas realizaron el camino de vuelta hasta conseguir pasar. Algunos incluso fueron detenidos en mitad de la ciudad y deportados igualmente. Aquí en Melilla, como en Ceuta, esas prácticas de deportación son conocidas por todos e incluso admitidas extraoficialmente por agentes encargados de la vigilancia. «En teoría se tendrían que quedar. En la práctica tenemos un acuerdo con Marruecos... bueno, es más bien algo que se ha hablado de manera informal, y se los entregamos a ellos y ellos los llevan hasta Oujda, hasta la frontera de Argelia», comentan. Pero la confirmación más evidente de estas prácticas es la propia verja y lo que el Gobierno español está haciendo con ella. En teoría, si quisiera cumplir la ley, debería aumentar la altura de la primera valla, que mide tres metros y medio en todo el perímetro, para que nadie pasara. Sin embargo, la que se está aumentando hasta los seis metros es la segunda, es decir, la que enfrentan los inmigrantes cuando, en teoría, ya se hayan en territorio español. «Al principio intentábamos contenerlos antes de la primera valla, pero son muy rápidos con las escaleras y nosotros, en un día normal, no somos más de cuarenta para todo el dispositivo de seguridad de la frontera. Ahora lo hacemos en la segunda valla o incluso después. Se les detiene y se les devuelve», comenta el agente.