El coste no puede asumirse

Las prejubilaciones generalizadas a los 42 años de edad física «representan unos costes que no pueden ser asumidos por las arcas públicas», y suponen un detrimento en la calidad del trabajo porque desaparecen los empleados con mayor experiencia, según Montilla. El gobierno recuerda que las prejubilaciones garantizadas «no son un derecho de los mineros, sino que están pensadas para resolver los problemas de los trabajadores en procesos de reestructuración».