Las familias desalojan de forma pacífica los inmuebles ocupados en Jun

Con tranquilidad, aunque haciéndose un poco de rogar por la Guardia Civil, las familias gitanas que hace una semana ocuparon una veintena de viviendas vacías en tres bloques del centro de Jun (Granada) fueron desalojando ayer los pisos en cumplimiento de la orden judicial dictada la noche anterior. Fue una mañana de paseos hasta el coche cargando las pertenencias y de limpieza de los pisos para marcharse de nuevo a sus lugares de origen, principalmente Baza y el polígono Cartuja en el norte de Granada. La orden dictada por el juzgado de instrucción número 8 de Granada establecía que las personas que no habían podido acreditar su vinculación con las viviendas que ocupaban debían proceder a su desalojo de forma inmediata, dado que incurrían en un delito de usurpación de bienes inmuebles y no allanamiento, al tratarse de pisos deshabitados desde hacía tiempo. Finalmente, sólo dos familias cumplieron la amenaza de acampar ante las puertas del Ayuntamiento si les desalojaban, y montaron allí sus enseres a la espera de que les den un nuevo piso de protección oficial, según explicaron. Una de estas familias, formada por María del Carmen y Álvaro Heredia y su hijo, llevaba dos años y medio residiendo en los bloques ahora desalojados, aunque carecían de contrato de alquiler y sólo podían acreditar su estancia mediante el certificado de empadronamiento en Jun, donde realizaban una vida normal y estaban perfectamente integrados. Por este motivo, y al estar ella embarazada, el alcalde, José Antonio Rodríguez (PSOE) se ha comprometido a colaborar con los servicios sociales de la Diputación provincial y buscarles una nueva vivienda en el municipio. «Si nos centramos también en los que no son vecinos del pueblo, Jun se convertiría en reclamo para los ocupas y mañana tendríamos aquí a gente de Barcelona o Sevilla, y esto no es el Ministerio de la Vivienda», subrayó. La otra familia, formada por Oliver Hernández y Josefa y sus tres hijos pequeños -entre ellos un niño de 7 años asmático- , proceden de Baza y llegaron a Jun a comienzos de la semana pasada. Pago de atrasos Aseguran estar «hartos de rellenar papeles para pedir una vivienda de protección familiar digna», y exigen al Ayuntamiento que les compense «los 1.200 euros que hemos gastado en adecentar la casa, en pintura, cristales, puertas, lámparas...¿quién me los paga a mí ahora?», lamentaba Oliver. A media tarde abandonaba su protesta ante la amenaza de los servicios sociales de quitarles la custodia de los menores si éstos dormían en la calle, por lo que se volvieron a Baza a casa de unos familiares. El resto de intrusos, conforme habían anunciado el día antes al sospechar que podían ser desahuciados al carecer de documentación que acreditase su derecho sobre los pisos ocupados, habían recogido sus pertenencias durante la noche del miércoles y, una vez la Guardia Civil les notificó a primera hora la obligación de desalojar, fueron marchándose sin provocar altercados. Según informó el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, un despliegue de 60 agentes de la Unidad de Intervención Rápida de la Guardia Civil veló porque la mañana transcurriese con normalidad. Los agentes acordonaron la zona sobre las 10.00 horas para notificar los desalojos en 18 pisos dado que dos de los registrados por el juez estaban repetidos, pero se encontraron con varias viviendas ya vacías y con las puertas abiertas. Sólo en tres casos no pudieron entregar la orden judicial, ya que las puertas se encontraban cerradas con candados y nadie respondía, por lo que se sospechaba que los inquilinos podrían haberse atrincherado en su interior. «Si atendemos a los que no son vecinos del pueblo, mañana tendríamos aquí a gente de Barcelona o Sevilla y esto no es el Ministerio de Vivienda» JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ Alcalde de Jun