El Polisario cree que España tiene buena relación con Rabat a costa de los saharauis

El Frente Polisario denunció ayer que España construye su buena relación con Marruecos a costa del pueblo saharaui y de sus derechos. Dirigentes saharauis y de plataformas que apoyan la autodeterminación de esa antigua colonia española hicieron esta aseveración en la presentación de la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que se celebró en Madrid con el apoyo de partidos políticos, sindicatos, oenegés y personalidades de la cultura. El representante para España del Frente Polisario, Brahim Gali, explicó que España debe abandonar la ambigüedad y decidir si apoya las tesis de Marruecos, que impide la autodeterminación del Sáhara, o a las instituciones que sí la defienden, como la ONU y el Parlamento Europeo. Mohamed Sidati, representante para Europa del Polisario, aseguró que no tienen nada en contra de que España mantenga buenas relaciones con su vecino, «pero no a costa del pueblo saharaui y del derecho internacional». El Polisario sostiene que España tiene una responsabilidad «histórica, política y ética» en la solución de este conflicto, y cree que al Gobierno «le incumbe traducir la voluntad de la mayoría de los españoles de apoyar el plan de paz de la ONU», que contempla la celebración de un referéndum. En su conferencia internacional, a la que asistió Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder del Polisario, los saharauis exigieron que España denuncie los Acuerdos de Madrid de 1975, en los que se basa Marruecos para ocupar el Sáhara desde hace ya 30 años, y de los que Mauritania ya se retiró. Marcha hoy en Madrid Los organizadores han convocado además una marcha por la libertad del pueblo saharaui, que este sábado recorrerá el centro de Madrid, desde la glorieta de Atocha hasta la Plaza Mayor, bajo el lema Contra la tortura y la violación de los derechos humanos en el Sáhara . Los grupos españoles de apoyo al pueblo saharaui estudian iniciar también acciones judiciales contra Marruecos por el hallazgo de fosas comunes y por los casos de desaparecidos, que hasta 1975 tenían nacionalidad española.