Los acusados podrían sufrir una pena de inhabilitación absoluta de entre ocho y doce años
Acusan de detención ilegal a los policías que arrestaron a los agresores de Bono
El tribunal cree que hay indicios «más que suficientes» para que se les juzgue el próximo mes de abril
Los tres policías nacionales que arrestaron a los dos militantes del Partido Popular por la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, se sentarán en el banquillo el próximo abril acusados de «detención ilegal» y de «falsedad documental», unos delitos que les podrían acarrear hasta seis meses de multa y una inhabilitación absoluta de entre ocho y doce años. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos del comisario, el inspector y el funcionario para evitar el juicio, al entender que en la causa constan ya «indicios más que suficientes» de que los agentes infringieron la ley cuando arrestaron a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz tres días después de los incidentes que se registraron en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el pasado 22 de enero. La Audiencia Provincial de Madrid reconoce que, al menos según los indicios, pudiera ser cierto que Bono fuera agredido durante la marcha. Pero la sala sostiene que en ningún caso había pruebas para vincular a los dos militantes del PP de Las Rozas con aquellos incidentes. «No existían motivos bastantes para creer que los citados militantes tuvieran participación en esos hechos», asegura el tribunal, que insiste en que no había testigos que acusarán a los dos detenidos y que en las grabaciones de televisión y fotografías no se aprecia que en ningún momento golpearan a Bono. Los dos militantes del PP únicamente aparecían en las imágenes cerca del ministro cuando éste era zarandeado y supuestamente agredido en la calle Alcalá cuando estaba en compañía de uno de sus hijos y de la eurodiputada socialista Rosa Díez. Única justificación Para la Sección Sexta sólo hubiera parecido «justificado» que los policías los hubieran arrestado en el momento de los disturbios y con el único fin de proteger a Bono y restablecer el orden público, pero en ningún caso cuando ya habían trascurrido 72 horas y no había pruebas que les vincularan.