La UPL exige al presidente de la Junta explicaciones sobre el fuego de Castrillo

El secretario general de la UPL citó hasta cinco enunciados legislativos que, a juicio de la formación política, ha incumplido la administración autonómica en relación con el depósito de neumáticos que arde desde el pasado jueves en un paraje próximo a la localidad de Castrillo de la Ribera. «Esta ya es una razón más que suficiente para que el presidente de la Junta dé explicaciones del incendio», argumentó Joaquín Otero, que anunció la inmediata solicitud de comparecencia del máximo responsable del ejecutivo autonómico en las Cortes de Valladolid. «No queremos ser alarmistas, y hay que hacer caso a lo que los técnicos nos dicen en relación a los índices de contaminación derivados del siniestro», sentenció el procurador leonesista que, ante todo, estableció las prioridades en la extinción de los focos de fuego que ayer permanecían activos, o el control de las emisiones tóxicas. «Pero el siguiente paso por nuestra parte es exigir a Juan Vicente Herrera que comparezca y conociendo lo que le gusta escaquearse dirá que no quiere comparecer», vaticinó Otero. Responsabilidad La UPL hace a la Junta «inequívocamente responsable de lo ocurrido, porque ha incumplido por omisión las leyes de prevención ambiental, la legislación sobre gestión de neumáticos y su régimen sancionador, la de gestión de residuos y la de actividades ambientales», según relató el secretario del partido leonesista, que acentuó la gravedad de estos hechos por la circunstancia de que la administración autonómica es competente en la materia. «Si se hubiera cumplido con la letra de la ley no habría neumáticos en esa finca, por tanto, no hablaríamos ahora del incendio», concluyó. Otero definió la actuación de la Junta en relación al incendio de la localidad ribereña leonesa como «incapaz, inoperante, ineficaz e inútil». A la hora de clasificar las responsabilidades, el dirigentes leonesista dejó las de los casos de mediana o baja gravedad para el consejero de Medio Ambiente. «Cuando, como en este caso, se trata de asuntos que pueden poner en peligro la integridad de la gente, debe responde el presidente de la Junta», estimó Otero que vaticinó escasas posibilidades de que el jefe del gobierno de la autonomía acceda a complacer la petición parlamentaria que dará curso la Unión del Pueblo Leonés una vez que se recupere la actividad política.