La Fiscalía pide al juez que prohíba el congreso nacional de Batasuna

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará hoy al juez Fernando Grande-Marlaska que tome todas las medidas necesarias para impedir que Batasuna celebre el próximo 21 de enero su congreso nacional en Baracaldo (Vizcaya), según consta en el escrito de instrucciones que esta tarde le remitió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El Ministerio Público dará su apoyo a la prohibición del acto político siempre que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, de forma previa, busque la manera de volver a decretar la suspensión de actividades del partido ilegalizado, tal y como hizo en el 2002 su antecesor en el puesto, Baltasar Garzón, dentro del sumario judicial de Batasuna. Cándido Conde-Pumpido hace esta salvedad porque entiende que en este momento, con Batasuna ilegalizada desde marzo del 2003 por el Tribunal Supremo, no tiene mucho sentido acordar una medida cautelar como la suspensión de actividades, que sólo pretende evitar la reiteración delictiva en el curso de una investigación judicial, cuando la proscripción total acordada en sentencia firme por el alto tribunal ya significó la «muerte legal» de la coalición aberzale, que le imposibilita para actuar como un partido político. No obstante, si el juez acuerda reiterar la suspensión de actividades -que ya estuvo vigente entre agosto del 2002 y agosto del 2005-, el fiscal aceptará su resolución y su competencia y le propondrá que suspenda el acto de Barakaldo. Lo hará porque, como reconoce la Ley de Partidos -el instrumento que utilizó el Supremo para ilegalizar a Batasuna-, la actuación de este tribunal la que realiza la Audiencia Nacional en el orden penal, para la persecución de delitos concretos, pueden producirse en paralelo sobre un mismo sujeto y tener consecuencias independientes. Los informes policiales El Ministerio Público, en su informe, mantendrá que el partido ilegalizado tiene suspendidas todas sus actividades políticas, bien por la sentencia del Tribunal Supremo o por la resolución del Juzgado Central de Instrucción 5, por lo que no puede convocar, organizar o celebrar acto de partido alguno. El escrito explicará que el contenido de los informes que la Guardia Civil y la Policía Nacional entregaron el viernes pasado al juez no dejan lugar a dudas de que la asamblea convocada en Barakaldo es un acto «orgánico» de Batasuna, con el que pretende concluir un proceso de refundación comenzado hace un año en sus asambleas locales, en el que va a designar a su nueva Mesa Nacional (dirección) y en el que quiere presentar de forma pública, ante miles de militantes y simpatizantes, su nuevo proyecto político, con el que intentará concurrir a las próximas elecciones locales de 2007. En el caso de que Grande-Marlaska acuerde la prohibición del congreso de Batasuna, el Gobierno vasco no pondrá impedimento alguno para que sus órdenes sean cumplidas por la Erzaina. El consejero de Interior, Javier Balza, declaró que no es partidario de la suspensión del acto, pero que su departamento «acatará y tendrá que ejecutar las decisiones».