Diario de León

CiU y PNV tendrán una situación preferente para negociar las reformas

El Gobierno da un giro al centro a su política económica Litigio entre un juez sevillano y la Audiencia por una niña

La reforma fiscal y el estatuto del trabajador autónomo serán algunos de los cambios

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colpisa | madrid efe | sevilla

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El Gobierno pretende dar un giro hacia el centro en su política económica, situando a CiU y PNV en una posición preferencial para negociar las próximas reformas que se avecinan en este campo durante el presente ejercicio. Según informaron fuentes parlamentarias, proyectos de ley como el de la reforma fiscal, el del estatuto profesional del trabajador autónomo, el de sociedades anónimas, el de defensa de la competencia o el de estabilidad presupuestaria podrían ser renegociados en alguna de sus partes conforme a nuevos criterios. No es que el Ejecutivo socialista vaya a introducir cambios sustanciales en esos textos, sobre todo en aquellos que se encuentran en una fase avanzada de tramitación (sólo a falta de presentación de enmiendas), pero sí se podrían introducir en ellos ciertos guiños hacia los que pueden ser nuevos socios parlamentarios, como ya ocurrió en la tramitación de los Presupuestos del Estado para 2006. Algo parecido puede repetirse con las nuevas normas que regularán las relaciones entre empresas, las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos), el rigor presupuestario, la mediación en el sector de los seguros y en el nuevo estatus de las agencias estatales, entre otras. Negociaciones anteriores Estos proyectos habían sido negociados durante los meses anteriores por el PSOE y sus entonces socios parlamentarios, ERC e Izquierda Verde (IU-ICV), con un talante claramente progresista marcado por estas formaciones de izquierda. Pero tras el acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder de CiU sobre el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña, la situación ha variado de forma sensible entre algunos de esos aliados, así lo sugieren socialistas y republicanos catalanes en sus últimas declaraciones públicas. Con la coalición de izquierdas como convidado de piedra, desde Moncloa se ha lanzado un claro mensaje de profundizar en las relaciones con los nacionalistas catalanes y vascos de CiU y PNV. En el plano económico, dada la ideología conservadora de estas formaciones, esta directriz hará que en muchos proyectos en marcha se pueda introducir un sesgo más centrista. El resultado político sería que el PSOE dispondría de una cómoda mayoría parlamentaria y, además, más estable, al sumar también los votos de Coalición Canaria. La primera prueba de la nueva situación puede llegar con la reforma fiscal, criticada por Convergencia i Unió (que ha insinuado incluso la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso) por suponer «un ataque a las rentas de las rentas medias». Si el Gobierno y el PSOE aceptan introducir cambios en el tratamiento del ahorro dentro del impuesto de la renta y reconsiderar la eliminación casi total de las deducciones en el impuesto de sociedades, la nueva influencia de CiU se habrá dejado sentir con claridad. La Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla ha ordenado la «entrega inmediata» de una niña de 6 años a su madre biológica, después de cuatro años con su abuela paterna por decisión del juez de Familia, Francisco Serrano, quien con-sideró que ésta le ofrece mejor «atención y estimulación». La Audiencia, que ha protagonizado otras diferencias con el juez Serrano, no sólo anula su decisión de confiar la niña a la abuela, sino que sugiere que los técnicos hagan «un seguimiento de ella por si, en interés del menor, fuera aconsejable suprimir el régimen de visitas, puesto que la conducta de la abuela podría serle perniciosa, alterar su estabilidad emocional y ocasionarle un grave daño psicológico». La niña fue entregada a su abuela, M.L.P.G., por la Junta de Andalucía cuando tenía dos años, por encontrarse en situación de riesgo derivado de haber vivido los conflictos entre su madre y su compañero, que la maltrataba. El juez Serrano ratificó esa decisión por entender que la niña, con una minusvalía mental del 44%, recibía en el entorno de su abuela «una estabilidad y atención adecuada para favorecer el desarrollo madurativo y emocional que necesita» y, por otra parte, su madre sufría una «falta de apoyo y estabilidad familiar». Sin embargo, la sentencia de la Audiencia afirma que todas las denuncias tenían como única razón que la niña «es el centro de los conflictos entre la madre y la familia paterna».

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