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ANTONIO PAPELL
León

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COMO estaba previsto, el Gobierno tomó ayer diversas medidas para tratar de oponerse por vía normativa a la opa de E.On sobre Endesa. El decreto más relevante es el que modifica determinadas funciones de la Comisión Nacional de la Energía, fijadas en la Ley Nacional de Hidrocarburos de 1998, que, según la nueva disposición, tendrá facultades para examinar la oferta alemana y -se supone- también para oponerse a ella. Horas antes, la Comisión Europea advertía al Gobierno español que, de acuerdo con la normativa comunitaria, no puede tomar medidas para oponerse a la opa, ni siquiera cuando la empresa proponente no cumpla estrictamente los requisitos impuestos por Bruselas. El Gobierno justifica su decisión con el argumento de que, en la mayor parte de los países de la UE, los mayores distribuidores de gas y electricidad tienen mayoría de capital nacional. Es el caso de Alemania, Francia, Italia, Grecia, Portugal o Austria, entre otros. También aprobó ayer el Gobierno otros decretos de la energía: el encaminado a reducir el déficit de tarifa -la merma de beneficios producida por la regulación existente-, que hará menos atractiva la inversión en eléctricas, y una transposición de directivas comunitarias. Hay una incógnita: ¿está Solbes de acuerdo con las decisiones de Montilla?

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