Hernando deja plantado al Congresopara preservar la independencia judicial ETA extiende la amenaza a familias de empresarios para financiarse «Hemos hecho un esfuerzo. No venimos a la derrota de la banda»

Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente del Tribunal Supremo se negó a acudir a una convocatoria del Congreso de los Diputados. Francisco José Hernando dejó plantados a los parlamentarios de la comisión de Justicia ante los que debía explicar la «aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo» a la luz de la nueva doctrina implantada por el alto tribunal por el caso de Henri Parot. Justificó la ausencia porque «su deber constitucional» es «la defensa de la independencia judicial», obligación que, a su juicio, quedaría en entredicho si atendía la petición de la cámara baja. Nunca una ausencia motivó semejante expectación. La comisión de Justicia era un hervidero de diputados e informadores por si había sorpresa de última hora. No la hubo, y la treintena de diputados se quedaron compuestos y sin escuchar a Hernando. Las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo han sufrido etapas de tensión en las últimas décadas, pero nunca al extremo de que un presidente del Tribunal Supremo desairara de esta forma a las Cortes. Hernando dio el paso amparado en una serie de consideraciones jurídicas y constitucionales, unas reflexiones que en el fondo escondían el enfrentamiento que mantiene con el Gobierno y la mayoría de grupos parlamentarios por su alineamiento con las posiciones del PP. Sus motivos El cruce de cartas entre la máxima autoridad del alto tribunal y el Congreso terminó con la negativa de Hernando a desplazarse al palacio legislativo. El presidente de la comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, leyó ante los diputados la última respuesta de Hernando, en la que alegó que era «imposible» informar a los diputados sobre la aplicación de la ley en las penas por terrorismo «sin hacer valoraciones», algo que «está vedado» al presidente del Supremo por la Constitución. La decisión de Hernando provocó que los vocales del sector minoritario del Consejo hicieran público un comunicado en el que ponen de manifiesto su «absoluto rechazo» a la ausencia del presidente del CGPJ. El presidente del Supremo puso así punto final al pulso de las últimas semanas con el Congreso. Ante la primera citación, Hernando argumentó que el día fijado, el 8 de marzo, no podía acudir porque tenía un pleno del Consejo General del Poder Judicial. La mesa de la comisión acordó adelantar un día la comparecencia. Después invocó que la mayoría del Consejo desaconsejó su comparecencia en el Congreso para explicar actos jurisdiccionales, criterio compartido por la Sala de Gobierno del Supremo. La comisión de Justicia, sin embargo, mantuvo la convocatoria. Por último, envió una carta el 3 de marzo al presidente del Congreso en la que indicó que la sentencia del alto tribunal sobre el caso de Henri Parot le eximía de dar explicaciones ya que la resolución precisó los criterios sobre acumulación de penas y aplicación de beneficios penitenciarios. La inasistencia no acarreará ningún perjuicio para Hernando porque no existe obligación legal para acudir a la citación. Condena a Santi Potros El ex jefe militar de ETA Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, condenado a 3.122 años de prisión por varios atentados, entre ellos las matanzas de Hipercor y de la madrileña Plaza de la República Dominicana, no podrá salir de la cárcel antes de 2030, diez años más tarde de lo que el reo tenía previsto. La Audiencia Nacional decidió ayer aplicarle la doctrina Parot y acumular sus once condenas en una sola causa para mantenerle entre rejas el máximo de 30 años que establece la ley penitenciaria. La decisión es fruto de la doctrina diseñada por el Supremo para evitar la excarcelación de etarras significados por su especial brutalidad. Como ya sucedió con Henri Parot, la Justicia acordó aplicarle el nuevo sistema de cómputo de los beneficios. ETA ha remitido en las últimas semanas a empresarios vizcaínos y guipuzcoanos una nueva oleada de cartas exigiendo el pago del impuesto revolucionario. La banda extiende la amenaza a la familias de los industriales e incluye en las misivas fotografías de sus mujeres e hijos. Empresarios y partidos democráticos exigieron el fin de la extorsión y aclararon que por esta vía no será posible avanzar hacia la paz. La nueva campaña de cartas de ETA a los empresarios para que cedan a su extorsión económica muestra el grado de crueldad al que ha llegado la banda terrorista en su intento por conseguir fondos con los que financiar su actividad delictiva. En el texto, remitido a industriales que han sufrido atentados con bomba, ETA les advierte de que «es la última carta» para que paguen y como instrumento de presión incluye fotografías recientes de las esposas e hijos de los empresarios cuando se dirigen a centros escolares o realizar sus actividades habituales. Además, les recuerda que el haber sufrido ataques anteriores no les libra de ser objetivos. Más de 200.000 euros Tras esta amenaza explícita, la banda terrorista les exige el pago de cantidades que van de los 30 mil a los 210 mil euros más un 5% de interés por cada año de retraso en el pago. Organizaciones empresariales y partidos democráticos condenaron la campaña de extorsión, demandaron que no se pague a ETA y alertaron sobre las consecuencias negativas que esta acción terrorista tiene sobre el proceso de paz. La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azcarate, mostró su apoyo a los empresarios amenazados y consideró una «práctica mafiosa» la extorsión que practica ETA. La Confederación Empresarial Vasca denunció el «grado de crueldad» alcanzado por ETA y el «desprecio» que muestra hacia «las víctimas de su chantaje». Fue, más que mala, una toma de contacto. El acta que, según Gara , levantó ETA de la reunión que mantuvieron los representantes de la banda y los interlocutores de Aznar dibuja el intento de las dos partes por abrir una vía segura y contínua de comunicación que consolidara la tregua y permitiera contacto más profundos. En palabras de uno de los etarras: «se trata de que cuando ETA quiera hablar con el Gobiernono tenga que ir a Madrid a tocar a la puerta del Ministerio del Interior o que cuando el Gobierno quiera contactar con ETA no tenga que ir a «Petit Bayonne» buscando contacto». Según lo publicado por Gara, la banda planteó ya al inicio de la reunión sus objetivos, materializándolos en la Alternativa Democrática. «Renovamos nuestro planteamiento de alto al fuego condicionado a la aceptación por parte del Estado español del derecho de autodeterminación que le corresponde a Euskal Herría», dijeron. Los representantes de Aznar, sin embrago, dejaron claro desde el principio que no estaban en disposición de abrir una vía de negociación política entre ETA y el Ejecutivo. Sin embrago, aseguraron que que estaban abiertos a otro tipo de escenarios. «Un gobierno no puede poner encima de la mesa los objetivos de una organización armada y no hay máque hablar, otra cosa es que ustedes decidan que ese tipo de procesos no se producen en eta mesa». Los hombres de Aznar no escatimaron en fórmulas para acercar posiciones con la banda. Así, llegaron a decir: «No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada, esa es una decisión suya». «Es imposible informar a los diputados sobre la ley sin hacer valoraciones» FRANCISCO JOSÉ HERNANDO Presidente del Supremo