Interior quiere poner a los policías locales a ayudar a los jueces
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció ayer una reforma legislativa para poner a las policías locales a disposición de los jueces y ejercer funciones de Policía Judicial en la investigación de delitos menores, así como competencias de seguridad ciudadana de proximidad. La iniciativa supone habilitar a unos 55.000 agentes locales censados en toda España como policías judiciales, lo que permitiría descargar de pequeña delincuencia a las unidades de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra adscritas a los juzgados y tribunales de su ámbito de actuación. La incorporación de los agentes locales a la Policía Judicial no será automática; en cada municipio será negociada y acordada en la respectiva junta local de seguridad. Así lo indicó Alonso tras firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reforzar la coordinación policial en la lucha contra la violencia doméstica. Nuevas competencias De acuerdo con los planes de Interior, las policías locales pasarán a asumir nuevas funciones en tres grandes ámbitos: seguridad ciudadana de proximidad, sobre todo en las modalidades de patrulla o policía de barrio; prevención general de la delincuencia, de acuerdo con los planes de seguridad específicos aprobados por las juntas locales de seguridad; y funciones de policía judicial, en concreto para la prevención, averiguación y persecución de las infracciones penales menos graves. Las policías locales se integrarán en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, al cual deberán aportar las actuaciones practicadas en el marco de sus nuevas y sus antiguas funciones. Según el ministerio del Interior, la reforma concibe la junta local de seguridad como el órgano que establecerá la estrategia para desarrollar la política y los planes de seguridad específicos de cada municipio, así como el encargado de coordinar las unidades municipales con las de las fuerzas de Seguridad del Estado. Gallego manifestó que para los ayuntamientos es un motivo de orgullo la aplicación del principio de subsidiariedad, y trasladó la disposición de la FEMP para seguir buscando el consenso con el Ministerio del Interior «porque la seguridad ciudadana es cosa de todos». El protocolo garantizará también la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas.