El juez ordena un chequeo de Otegi porque no se fía El PP vasco se revuelve contra Rajoy por su cita secreta con Imaz El Parlamento vasco exige a ETA su final Parot denuncia que tiene cadena perpetua

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer que Arnaldo Otegi, enfermo desde principios de semana, sea sometido a una analítica completa de sangre y orina para conocer su verdadero estado de salud, cuándo estará en condiciones de ser interrogado y, sobre todo, determinar si el tratamiento médico que recibe es el adecuado para su dolencia. Grande-Marlaska precisó, en un auto hecho público ayer que, según los documentos remitidos por el Instituto Vasco de Medicina Legal, la medicación que recibe el portavoz de Batasuna no es la mejor, ya que recibe un tratamiento «antimicrobiano» -quinolona- que no es el «específico» para combatir «una neumonía típica por neumococo». Ante estas dudas, el juez instructor ordenó que, además de analizar su sangre y orina, los forenses lleven a cabo un «hemocultivo y estudios serológicos e inmunológicos». El resultado de estos análisis deberá estar en el juzgado antes del lunes a las 10 de la mañana. Una semana basta El magistrado, a la espera del resultado de estas pruebas, citó a declarar a Otegi el próximo 24 marzo a las 5 de la tarde para responder de las acusaciones de haber promovido y organizado en nombre de ETA una huelga general el 9 de marzo en el País Vasco y Navarra en protesta por la muerte en la cárcel de dos terroristas y en la que se registraron 108 incidentes. El juez consideró que una semana es un tiempo «razonable» para que haya una «mejoría» en el estado de salud del acusado, incluso para que se haya recuperado por «completo». Otegi, quien debía haber testificado el pasado lunes, convalece desde de ese día en su casa de la localidad guipuzcoana de Elgoibar, vigilado las 24 horas por una patrulla de la Ertzaintza. Ayer, Grande-Marlaska ordenó a la policía autonómica que «extreme las medidas de seguridad y vigilancia» en tanto siga enfermo. El instructor ya estableció a principios de semana un estricto seguimiento de la situación médica del líder de Batasuna y que fuera visitado por un doctor cada 12 horas. El último informe del forense, remitido al juzgado el jueves por la tarde, indicó que Otegi no padece bronquitis, como los facultativos creyeron en un principio, sino una neumonía, según desvelaron las radiografías realizadas al paciente ese mismo día en el hospital de Mendaro. El médico advirtió al magistrado que el portavoz de Batasuna no podrá acudir al juzgado al menos hasta dentro de diez días, porque necesita reposo y tratamiento médico. El encuentro secreto que mantuvo el presidente del PP con su homólogo del PNV causó malestar en la organización del País Vasco, que reprocha a su jefe de filas un acercamiento a los nacionalistas que puede debilitar el liderazgo de María San Gil y la línea política de los populares en el País Vasco. Colaboradores de Mariano Rajoy justifican su encuentro con Josu Jon Imaz por la necesidad de recabar información sobre los posibles contactos que pudiera mantener el Gobierno y el PSOE con el mundo abertzale y el entorno de ETA. El líder nacionalista, por su parte, explicó ayer que la conversación obedece a la necesidad de buscar espacios para el diálogo. La dirección del PP decretó el silencio sobre la polémica entrevista de Rajoy con Imaz pero, en conversaciones privadas, los dirigentes populares se muestran críticos, confiesan sus quejas o buscan una justificación de los motivos que llevaron al presidente del partido a romper la larga trayectoria de desencuentros con el PNV. Los dirigentes vascos del PP consideran que su liderazgo está en «entredicho» por la actuación unilateral de Rajoy. El presidente del PP no consultó a San Gil ni le informó de la entrevista hasta el pasado martes, cuando se encontraron en Bilbao. El acercamiento de los líderes del PP y el PNV es interpretado entre los populares vascos como una desautorización de la línea política que sigue la actual dirección de Euskadi, que se niega a mantener relaciones políticas con los nacionalistas ni a sumarse a sus mesas de diálogo por entender que sigue en la «estrategia de Estella». Desde la dirección nacional, se hace una interpretación muy diferente del encuentro del líder del PP con el presidente del PNV y se justifica por la necesidad que tiene el primer partido de la oposición de saber «qué se trae entre manos Zapatero». Entre los colaboradores del presidente popular no hay la más mínima crítica a la reserva en la que se ha mantenido el encuentro. «Hace muy bien en tener entrevistas y no contarlas», señala un alto cargo del PP. El Parlamento vasco rozó la unanimidad para aprobar una resolución en la que exige a ETA el cese definitivo de la violencia y la extorsión a los empresarios. Sólo se desmarcaron de la iniciativa el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que votó en contra, y la única diputada de Aralar, que se abstuvo. El texto, de forma inusual, fue pactado por las fuerzas del tripartito, PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua-IU, con el PSE y PP. La base dek acuerdo fueron las iniciativas de socialistas y populares contra los atentados que sufren los empresarios vascos. Además de pedir el cese del terrorismo, la cámara de Vitoria respaldó a los amenazados por ETA, apoyó la actuación de la Ertzaintza y mostró su solidaridad con el empresariado vasco. La cámara de Vitoria pidió además la derogación de la Ley de Partidos pero esta vez con el rechazo de PSE y PP. La defensa del preso de ETA Henri Parot anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que acumuló sus penas de manera que tendrá que cumplir 30 años de prisión antes de abandonar la cárcel. La abogada del etarra, Ainhoa Baglietto, denunció que se le «impone de facto la cadena perpetua» y es «contraria a cientos de resoluciones anteriores» sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en la capital guipuzcoana a Aitor Soto Blanco, colaborador del comando Donosti de ETA, y que tenía pendiente el cumplimiento de una condena de cinco años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en julio del 2005. Soto Blanco fue detenido en su domicilio de San Sebastián sin ofrecer resistencia.