El Procurador del Común exige a Fomento que aclare el requisito de ingresos mínimos

Al menos seis personas, cinco leoneses y un vallisoletano, se han quejado en la oficina del Procurador del Común por la negativa de la Consejería de Fomento a su solicitud de una ayuda al alquiler al no haber alcanzado los ingresos mínimos corregidos exigidos en la convocatoria del 2005. La oficina ha pedido información a Fomento sobre la normativa que reguló la concesión de ayudas al alquiler en el 2005, capítulo al que la Junta de Castilla y León destinó la cantidad de 1,6 millones para la provincia de León. Asimismo, el Procurador pide informes que justifiquen el requisito de ingresos mínimos corregidos que figura también en la convocatoria del 2006, aunque en esta se excluye expresamente a las víctimas de violencia de género y terrorismo y a las personas mayores de 65 años. El defensor de los ciudadanos de Castilla y León también quiere saber cuántas personas han quedado excluídas de las ayudas de la Junta a causa de esta exigencia, si bien desde asociaciones que trabajan con personas desfavorecidas reconocen que «a muchas personas se les ha desanimado o no se les ha orientado para presentar la solicitud al saber que no cumplirían los requisitos por lo que ni siquiera figuran en las estadísticas», señala una profesional que trabaja con víctimas de violencia de género. Ahora, la duda para estas oficinas es hasta cuándo o desde cuándo es considerada víctima una mujer. Según la Junta, las mujeres sólo tendrán que presentar una declaración judicial sin que se especifique ningún plazo.