PSOE y PP pactarán para dejar al GIL apartado de la gestora de Marbella

El Consejo de Ministros celebró ayer en una reunión extraordinaria para acelerar los trámites y poder disolver este mismo viernes el Ayuntamiento de Marbella, una decisión que se toma por primera vez en la historia de la democracia. A requerimiento de la Junta de Andalucía, el Gobierno solicitó con carácter urgente los informes necesarios para nombrar una gestora que se haga cargo del consistorio. El PSOE y el PP pactarán la composición del nuevo equipo local. Las prisas llegaron en la noche del lunes, cuando el Ejecutivo decidió resolver con urgencia la crisis de Marbella por entender que la gestión del ayuntamiento es «gravemente dañosa para los intereses generales». Con este único punto en el orden del día, el Consejo de Ministros solicitó al Senado y a la Comisión Nacional de Administración Local sendos informes para poder disolver el consistorio en la próxima reunión del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pidió al PP que, dada la gravedad de la situación, relegue las interpretaciones «partidistas» de sus decisiones y deje de pedir un adelanto electoral en el consistorio porque no lo permite la ley. Y «para que todo el mundo se quede tranquilo» solicitó al Consejo de Estado un informe que aclare que según la ley es imposible adelantar las elecciones en Marbella. El Gobierno y el PSOE tratarán de acordar con el primer partido de la oposición la composición de la gestora que administrará el Ayuntamiento de Marbella hasta las elecciones del próximo año, según informaron fuentes socialistas y po-pulares. Un equipo que, según la ley, deberá estar compuesto por vocales designados en función de su afiliación política y de la anterior composición del Ayuntamiento, pero que los dos grandes partidos quieren que sea fruto de un pacto entre ambos. Dada la implicación del GIL en la trama de corrupción y su desintegración tras las elecciones, este partido podría quedar fuera de la gestora, en la que podrían tener representación Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Candidata socialista El PP sigue considerando que las elecciones anticipadas son la solución «más limpia y transparente» frente a la constitución de una gestora que, según su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, puede mantener «sombras de duda». En su opinión, «hay cauce legal» para la convocatoria electoral ante una situación «de extraordinaria gravedad que no tiene parangón». Acusó a los socialistas de evitar la convocatoria electoral, de buscar «argumentos de todo tipo para no ir al fondo de la cuestión» porque pretenden ocultar que «la candidata del PSOE está en la cárcel». «Lo hemos pasado muy mal allí», afirmó Rajoy y se presentó como «el único dirigente político nacional que me puedo presentar al lado de los señores que mi partido presentó a las elecciones, que son prácticamente los únicos que no están imputados ni en la cárcel». «Eso es algo que no lo pueden decir otras fuerzas políticas», se ufanó en alusión al PSOE, cuya candidata, Isabel García Marcos, fue expulsada del partido cuando apoyó a la actual alcaldesa y ahora se encuentra, como ella, encarcelada. El presidente andaluz, Manuel Chaves, fue increpado ayer en Marbella por un grupo de jóvenes simpatizantes del Partido Popular que portaban pancartas con lemas como «Elecciones ya» o «Pucherazo no». Chaves aseguró que no le «preocupan» estos «chicos de las viejas generaciones que me acompañan de vez en cuando en algunos actos. Cualquier partido que utilice los acontecimientos de Marbella para buscar rentabilidad política o electoral se equivoca», comentó tras el incidente.