A voces para todos... menos para la Justicia

El fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, reconoció ayer que la trama de corrupción urbanística destapada en la operación Malaya se gestó en parte por el «deficiente control administrativo y judicial» del Ayuntamiento de Marbella, a pesar de que era vox populi que en el consistorio había «un sustrato sospechoso». El fiscal recordó que desde la época en que Jesús Gil gobernó el municipio se sabía de la existencia de redes financieras turbias gracias a la existencia en Marbella de «un caldo de cultivo muy propicio para que se diera esta situación». A pesar de esos fallos, el responsable del Ministerio Público dijo que «todavía se está a tiempo» para que la malversación en el pueblo de la Costa del Sol «se acabe por siempre». Según Salinas, lo importante es que la macroredada policial desatada la pasada semana ha «puesto coto» a los desmanes de los responsables municipales y abierto la puerta a la «regeneración» de ese ayuntamiento. Antonio Salinas, que dijo que la investigación no está siendo «especialmente complicada» a pesar de la envergadura de los delitos y el número de implicados, opinó que la instrucción de esta trama debe seguir en manos del juez marbellí Miguel Ángel Torres, aunque desde hace años en la Audiencia Nacional se instruye el denominado caso saqueo de Marbella. El fiscal señaló que trasladar la investigación podría alargar el proceso, aunque no descartó que el instructor opte por inhibirse a favor del tribunal especial. Entre tanto, el juez Torres ha remitido ya copias de varios documentos de la operación Malaya al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Reforzar la Fiscalía El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció, por su parte, en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo promoverá todas las reformas necesarias para intensificar la lucha contra la corrupción y «para asegurar que los malos no se salgan con la suya» . En esta línea, López-Aguilar insistió en que el proyecto del Gobierno pasa por reforzar la especialización y la capacidad de la Fiscalía, sobre todo para el control de temas urbanísticos. Al igual que Salinas, el titular de Justicia reconoció que los tribunales no han actuado como debían para atajar la situación del consistorio marbellí. «La situación de Marbella es muy emblemática, con una criminalidad asentada desde hace mucho tiempo y con una respuesta claramente insatisfactoria por parte de la Justicia y de la Administración de Justicia». «Hay que tomar nota de lo que ha sucedido y actuar en consecuencia porque no se puede burlar así como así al Estado de Derecho y la legalidad», apostilló el ministro. López Aguilar no desveló si entre las medidas que baraja el Gobierno para evitar nuevos casos de corrupción municipal está la de que el Estado recupere algunas competencias en urbanismo, tal y como ayer exigió el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.