Rubalcaba pone a un gestor al frente de la Guardia Civil para modernizarla

Joan Mesquida, el nuevo director general de la Guardia Civil, tendrá como misión prioritaria «sanear» y «modernizar» las maltrechas infraestructuras del cuerpo, según fuentes del Ejecutivo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pactado en los últimos días con el titular de Defensa, José Antonio Alonso, el nombramiento de este gestor, civil y sin apenas perfil político, que estará «muy alejado» de las negociaciones del Gobierno con la banda terrorista ETA sobre el proceso de paz. La designación de Mesquida, cuyo nombramiento aprobará este viernes el Consejo de Ministros, cierra un organigrama del Ministerio del Interior diseñado para gestionar la situación abierta con el alto el fuego de la organización armada, en la que Pérez Rubalcaba centralizará toda la información del proceso. Sólo Alonso, otro hombre de absoluta confianza del presidente Rodríguez Zapatero, tendrá acceso a las informaciones sensibles sobre la banda que recaben los servicios secretos. Mesquida tendrá como gran reto poner en marcha el 'plan renove' de casas-cuartel aprobado por el anterior Gobierno del PP en noviembre de 2002 pero que apenas ha comenzado a ejecutarse. Los informes del instituto armado desde hace varios alertan del penoso estado de conservación de la gran mayoría de las 2.300 casas cuartel en las que viven unas 34.800 familias de guardias en todo el país. Ex consejero de Hacienda Los nuevos responsables del Ministerio del Interior encomendarán al hasta ahora director de Infraestructura de Defensa que «agilice» el programa de subastas de viejas instalaciones y terrenos pertenecientes a la Guardia Civil que avanza desde hace años a un paso muy lento. Experiencia en este campo no le falta: el nuevo director trabajó como experto en las consultoras Arthur Andersen y Garrigues y fue consejero de Hacienda en el Gobierno balear del socialista Francesc Antich entre 1999 y 2003. Esa experiencia profesional también le hará falta para encarar una reforma de la implantación geográfica del cuerpo, ya que el Ejecutivo quiere «optimizar» los medios personales con los que cuenta la Guardia Civil (cerca de 75.000 miembros). Interior estudia la posibilidad de concentrar efectivos ahora dispersos entre miles de puestos de todo el país, Otro reto inmediato para Mesquida, aunque más fácil que sanear las infraestructuras de la institución, será el de sacar adelante cuanto antes el nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil que elimine las penas de prisión por faltas disciplinarias. Esta nueva legislación, que estaba incluida en el programa electoral de Rodríguez Zapatero, se ha pospuesto hasta ahora por los continuos desencuentros entre el anteriores ministros del Interior y Defensa, Alonso y Bono. Tanto José Bono como el director de la Guardia Civil saliente, el general del Aire Carlos Gómez Arruche, se mostraron abiertamente en contra de suavizar el régimen disciplinario frente al criterio de Alonso y de Moncloa de cumplir sin demora la promesa electoral. Ahora, la salida de Arruche -coincidente fuentes del Gobierno y de la institución armada- facilitará la aprobación del nuevo texto y, sobre todo, el entendimiento con las cada vez más beligerantes y activas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, con la AUGC a la cabeza, que han mantenido durante dos años abiertos enfrentamientos con Gómez Arruche.