El Gobierno endurece las leyes en contra de las bandas organizadas La encrucijada del ministro

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la mayor reforma del Código Penal de la última década para luchar con mayor efectividad contra las bandas de crimen organizado internacional y los delitos de cuello blanco , tales como la corrupción o la administración desleal en las empresas privadas. El anteproyecto prevé que los testaferros y las sociedades fantasmas, habituales instrumentos en las redes de delincuencia económica o urbanística, sean perseguidos con figuras especiales. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que explicó la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordó que se trata de unas modificaciones prometidas en el programa electoral socialista e insistió en que son cambios «meditados» y «no compulsivos». Así, el Gobierno aprobó el anteproyecto de una amplia reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, incluye medidas para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada y los delitos económicos. La reforma afecta también a la seguridad vial y establece penas de prisión para determinadas infracciones muy graves del código de circulación. El proyecto introduce asímismo penas alternativas a la cárcel, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente y los arrestos de fin de semana que podrán ser acordadas por los jueces para delitos menores y siempre que no se trate de delincuentes habituales. El Gobierno de Zapatero ha puesto especial interés en sancionar con más dureza delitos como el de asalto a viviendas privadas que proliferan en los últimos meses en urbanizaciones privadas. El Código Penal incluirá entre los delitos por los que se castiga a las bandas que perpetran estos asaltos el de «asociación para delinquir», que conllevará una pena de hasta seis años de prisión. Hasta ahora, ese delito se reservaba para organizaciones terroristas y era de muy difícil aplicación para este tipo de criminales. El delito de asocia-ción delictiva se aplicará en la modalidad de colaboración (de 2 a 4 años), pertenencia (de 2 a 6 años) y dirección (de 6 a 9 años). Esas condenas se sumarán a las que correspondan en función del delito cometido. Habituales, sin beneficios Los miembros de estas redes reincidentes serán castigados con mayor dureza. La habitualidad en el crimen -como ocurre ya en Francia, Alemania, Italia y Portugal- restringirá la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios (tercer grado ó libertad provisional) e incluso el juez podrá ordenar la libertad vigilada tras la excarcelación. Sospechosos por tener mucho Los cambios en el Código Penal también facilitarán el decomiso de bienes y dinero de estas mafias. En el nuevo texto aparecerá la figura del comiso ampliado por la que se invierte la carga de la prueba: los sospechosos con «patrimonios desproporcionados» en comparación con sus ingresos legales deberán demostrar que su procedencia es lícita y no al contrario. De no poderlo hacer, los jueces intervendrán el patrimonio. Además, las modificaciones atacarán uno de los pilares de las redes internacionales al castigar la simple creación de sociedades falsas, fantasmas o tapadera. La lucha contra los delitos económicos y de 'cuello blanco' es la otra gran vertiente de la reforma. El Gobierno, en palabras del ministro de Justicia, quiere atacar «la corrupción en el sector privado». Por ello, se introduce en el ámbito de las empresas privadas un delito similar al del cohecho (pago a cambio de prebendas), que en la actualidad sólo se contempla para los funcionarios públicos. Otra de las novedades básicas es que la responsabilidad penal se extiende a las sociedades mercantiles, de forma complementaria a la que recaiga sobre las personas físicas que las gobiernen. También será delito la falta de celo de estas empresas a la hora de controlar sus cuentas y facilitar la acción ilícita de los administradores. Otras reformas son el mobbing (acoso laboral), que será penado con seis meses a dos años de cárcel, o la recuperación de las medidas alternativas de cárcel para reducir el hacinamiento penitenciario (arrestos de fin de semana, trabajos a favor de la comunidad). El presidente del Gobierno dejó ayer en manos del ministro de Justicia y del PSOE de Canarias la decisión sobre el candidato socialista a la Presidencia de las islas en mayo del 2007. Juan Fernando López Aguilar evitó pronunciarse y recalcó que serán los órganos responsables de su partido quienes aclaren el nombre del cabeza de lista.