Comprar un dvd, grabarlo y reproducirlo podría llegar a costar casi 30 euros más

La nueva Ley de Propiedad Intelectual aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 22 de junio y publicada en el Boe el ocho de julio entró ayer en vigor rodeada de una gran controversia. La citada norma aplica un canon por copia privada a los soportes digitales y a ciertos reproductores. El canon es un sobrecoste añadido por las entidades de gestión de derechos de autor. Éstos organismos sostienen el canon para compensar a sus socios por las copias privadas de contenidos sujetos a la protección de la Propiedad Intelectual. A partir de hoy comienzan las negociaciones en las que el Gobierno deberá pormenorizar cuáles son los aparatos objeto de canon, lo mismo que el sobrecoste impuesto. De momento se mantendrá el canon instalado en el año 2003, pero dentro de cinco meses se clarificarán las tarifas definitivas, previo pacto entre las entidades de gestión de la propiedad intelectual y la industria. La medida no obvia la controversia, que se arroja encima de ella en forma de quejas de los usuarios y asociaciones de los mismos. El organismo que más hace por evitar el canon es la plataforma «todoscontraelcanon», que lleva recogidas más de medio millar de firmas. Las intenciones de la plataforma pasan por emplear las firmas y la opinión del Defensor del Internauta para intentar, sino derribar la ley, al menos suavizar el canon. El texto de la ley es elocuente fuera de toda duda, sin embargo los motivos y, sobre todo, las consecuencias de este impuesto enfrentan de un lado al Ministerio de Cultura y a la Sgae, y de otro a las asociaciones de consumidores y usuarios. Lo cierto es que, en virtud de la nueva ley, comprar un deuvedé podría gravarse con cerca de 1,4 euros, adquirir la grabadora para poder guardar en él el contenido deseado... 16,67 euros, y comprar el reproductor unos 6,61 euros. Todos los que quieran realizar la operación desde cero, adquiriendo todos los elementos necesarios, podrían llegar a pagar casi 30 euros más de lo acostumbrado hasta la fecha, si las negociaciones para instaurar un esquema de aparatos gravados y sus respectivos costes no fructifica en la línea que más beneficia a los usuarios. Hay que destacar, a pesar de las voces en contra, que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual fue aprobada con el apoyo del Partido Popular y sin votos en contra, lo que desdice a los sectores contrarios al texto, al menos en lo que a consenso político se refiere. Los españoles, y entre ellos los leoneses, verán como los teléfonos móviles multimedia, los reproductores mp3, los reproductores de deuvedés, los escáneres, impresoras y los deuvedés y cedés vírgenes, entre otros, pueden subir de precio sensiblemente. El cambio de precio deberá ejecutarse inicialmente en los distribuidores para luego pasar a los comerciantes. Hay que aclarar que ese sobrecoste no va a parar ni a distribuidores ni a comerciantes, sino a las entidades gestoras de la propiedad intelectual. Cada dos años El texto de la nueva Ley de propiedad Intelectual introduce además la existencia de una Comisión de Propiedad Intelectual que permitirá actualizar permanentemente ciertos conceptos que figuran en el mismo (cada dos años). Así, entre sus funciones figuran las de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos en los que sean parte las entidades de gestión, las asociaciones de usuarios y las entidades de radiodifusión.