La ley preve la expropiación para exhumar desaparecidos

La futura ley de la Memoria Histórica permitirá la expropiación forzosa de los terrenos en los que permanezcan enterrados desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo. El proyecto del Gobierno, remitido esta semana a los grupos parlamentarios, contempla su ocupación a fin de que se puedan llevar a cabo las labores de localización, identificación y traslado, en su caso, de los restos reclamados por los «descendientes directos de las víctimas». La medida tendría así mero carácter temporal, aunque los titulares de las zonas identificadas por la Administración como fosas anónimas estarán obligados a su «especial preservación». El Ejecutivo calcula que más de 30.000 personas ejecutadas, en su mayor parte «extrajudicialmente», continúan en paradero desconocido o sin identificar. Una de las principales objetivos de la iniciativa -a la que se ha puesto un nombre tan largo y descriptivo como «ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura»- era abordar esta cuestión. Varios colectivos, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o el Foro por la Memoria, vinculado al Partido Comunista de España, reclaman desde hace tiempo al Estado que pague los costes de las exhumaciones y las pruebas de ADN necesarias para la correcta identificación de los restos que se encuentren. El proyecto contempla esta posibilidad, aunque el Ejecutivo considera que ya está resuelta. En diciembre de 2005, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aprobó una orden ministerial que autorizaba la concesión de subvenciones a «actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica», entre las que incluía exhumaciones e identificaciones de fosas comunes. La propuesta gubernamental se limita pues a señalar que las administraciones públicas -son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes poseen las principales competencias en materia sanitaria y mortuoria- «facilitarán» a los hijos, nietos o bisnietos de los fallecidos que lo soliciten la localización de sus antepasados. Sin exhumaciones masivas Estas administraciones tendrán que elaborar y poner a disposición de los interesados mapas de los terrenos en los que se encuentren los restos de las víctimas. Pero lo que se haga con ellos dependerá de los propios interesados. La comisión interministerial a la que se encomendó la elaboración de la ley en septiembre de 2004 consultó a 36 asociaciones y organizaciones de diversa índole, y constató que mientras unas defienden la exhumación y la entrega de los restos a los familiares, otras se mostraban partidarias de erigir en los enterramientos monumentos conmemorativos o, simplemente, demarcar e identificar los terrenos en los que se hallen. Reconocimiento al «maquis» El Gobierno quiere hacer un reconocimiento público a los guerrilleros del «maquis» que continuaron la resistencia armada a favor de la República después de terminada la contienda. Este colectivo no ha sido incluido de forma específica en el proyecto de la llamada ley de la Memoria Histórica, pero la comisión interministerial dirigida por la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega consideró «pertinente» tomar medidas que contribuyan a recordar su dura y continua lucha . El informe sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, remitido al Congreso junto al borrador del la ley, dedica a estos hombres y mujeres un apartado concreto junto a exiliados, brigadistas internacionales o integrantes de los batallones disciplinarios.